Este retraso en la aprobación de la Taxonomía Social demuestra la complejidad de medición que tiene este ámbito porque, a diferencia de la Taxonomía Verde, el contexto influye mucho a la hora de definir el impacto social de las actividades. Es decir, mientras que se puede reducir la huella de carbono con independencia del lugar donde esté ubicada una compañía, por ejemplo, el mayor reto de la construcción de una carretera en un país en vías de desarrollo puede ser unir poblaciones, mientras que en un país desarrollado puede ser reducir la siniestralidad. Ahí, la Taxonomía Social tiene sus retos.
Aunque pueda parecer que no hay normativa que regule el ámbito social, lo cierto es que contamos con la regulación del EFRAG y la normativa del Consejo Social Europeo y ya tenemos muchos indicadores reglados en esta materia.
En nuestra opinión, una empresa debe apostar por ser socialmente responsable con independencia de la existencia o no de normativa porque aporta valor a la empresa y a la sociedad. La normativa puede ayudar a pensar en nuestro impacto social y medioambiental siempre y cuando no perdamos de vista el verdadero motivo que subyace: la transformación del modelo de empresa que busca generar valor para todos, sociedad y empresa.
Puede haber mucha legislación e indicadores, pero lo importante es que ayude a las empresas a ganar en transparencia y a transformarse. Esto es lo que nos van a exigir los grupos de interés. Ya no vale un check in the box, sino que hay que integrar los aspectos sociales en el negocio y, precisamente esto, es lo que buscamos con el Mapa SERES de Huella Social© de forma que incluimos la dimensión social en todos los proyectos e iniciativas de negocio, tanto desde el diseño como hasta la implementación y evaluación.
Efectivamente. Este es el primero reto y el segundo, es cómo lo estandarizamos para que, además, sea comparable. Queremos que exista un estándar común para que podamos sumar todos y tener referencias. Todavía hay muchos retos a la hora de abordar el impacto social de las compañías y uno de ellos es definir cuál es el punto de partida en las unidades de negocio, no solo en aquellos proyectos ya definidos como sociales.
La normativa sólo será útil si es tratada como una herramienta de gestión para la toma de decisiones y para transformar la compañía. Además de la regulación, debemos tener la visión de cómo transformar una compañía. Eso pasa por definir indicadores no solo financieros o medioambientales, sino también sociales, entendidos como el impacto en las personas, las comunidades, los clientes y los empleados. Esta es la línea en la que creemos que se avanzará en materia social teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad cada vez más compleja, más envejecida, más desigual, donde todavía tenemos retos que combatir como la pobreza y donde lo que sucede a nivel global impacta a nivel local y viceversa.
Estos indicadores son realmente relevantes y tenemos que llevarlos a cada una de las unidades de negocio más allá de la filantropía.
Me siento especialmente orgullosa de las empresas de SERES porque llevamos mucho tiempo trabajando en Debida Diligencia y advirtiendo de que la regulación iba a llegar. Por ello elaboramos una matriz que permite cruzar los principios rectores anteriores con las distintas áreas de negocio, porque no solo afecta a la gestión de la gobernanza o a la cadena de valor. Es necesario tener una visión global porque afecta a departamentos de compras, legal, IT, comercial, en la transparencia, la prestación del dato y cómo llegas a los clientes… Son temas realmente críticos y relevantes para las empresas que van más allá de la pura gestión de supply chain.
Hay empresas que están llevando a cabo proyectos muy relevantes de transformación para abordar cómo afrontan la parte social desde cada área de negocio. En este aspecto, SERES se ha anticipado a la normativa y lleva más de cinco años formando a las empresas en este sentido.
En SERES siempre hemos desarrollado métricas, porque creemos que la medición es fundamental para analizar el impacto real que las empresas realizan en materia social. El informe del impacto social SERES-Deloitte cumplirá el año próximo una década y los datos que hemos recogido a lo largo de estos años nos ofrecen una visión de cómo se ha transformado la empresa en España y el calado de lo social como elemento estratégico.
Esta inversión de 1533,5 millones de euros en proyectos sociales ha permitido la realización de 29.104 acciones (un 17% más que en 2020). Además, los empleados implicados en las acciones sociales suponen el 17% de la plantilla total agregada (243.888 de personas) de las empresas participantes, con un crecimiento de 5 puntos respecto a la edición anterior.
Estamos constatando que el creciente compromiso de las empresas se mantiene y la pandemia ha asentado la necesidad del rol de la empresa en el ámbito social. Además, el último Barómetro Edelmann así lo corrobora. Las empresas siguen siendo el agente más confiable dentro de todo el panorama de stakeholder. Se les exige más y, sobre todo, se va a penalizar duramente cuando una empresa sobre todo diga una cosa y haga otra.
Las empresas han asumido este rol que llegó con la pandemia, pero no para suplir la función de las entidades sociales o de la administración pública, sino un papel empresarial para que, desde sus unidades de negocio y desde lo que mejor saben hacer, aporten un impacto positivo y se comprometan con las comunidades.
Creemos que la colaboración es esencial porque los problemas sociales cada vez son mayores y las alianzas son la clave para transformar la sociedad y la empresa. El reto con el que nos encontramos es similar al de la medición, como en el ámbito social hay tantos intereses distintos, y es complejo llegar a cristalizar alianzas. Hay multitud de iniciativas exitosas, pero entre las claves hemos detectados que es importante que una entidad o empresa ejerza el liderazgo, aunque sea rotativo, y que se sitúe la unidad de negocio en el centro de la acción.
