Somos una organización decana y, en cierto modo, nuestra aspiración sería desaparecer, no ser necesarios: que llegara el momento en el que la sostenibilidad estuviera plenamente integrada en la sociedad, en la economía y en las instituciones.
Pero la realidad es que nuestra voz resuena cada vez más. Tenemos más conocimiento científico que nunca y, sin embargo, el camino que estamos siguiendo como sociedad todavía no es el adecuado. Por eso nuestra prioridad sigue siendo poner el foco en la ambición, señalar que nos enfrentamos a una emer-gencia muy seria y ampliar alianzas apelando a la corresponsabilidad de todos: administraciones, empresas, ciudadanía y organizaciones sociales.
Es una reflexión fundamental, porque conecta con cierta crisis de legitimidad de la agenda verde en algunos sectores sociales y políticos. Tenemos que explicar mejor que la transición ecológica no es una carga, sino una transformación económica y social capaz de generar empleo, innovación, autonomía estratégica, resiliencia territorial y mejor calidad de vida.
Si conseguimos vincularla con beneficios reales para las personas y los territorios, será mucho más fácil movilizar a la sociedad y no dejar fuera a los colectivos más vulnerables.
Además, las empresas que entienden que ge-nerar impacto positivo forma parte de su manera de competir están mejor posicionadas. Crear vínculos con la comunidad, responder a las expectativas sociales y contribuir al entorno ya no es algo accesorio: refuerza la propia actividad de la compañía. La dimensión social no es un añadido a la transición ecológica, sino una condición para que esa trans-formación sea sólida, legítima y competitiva.
Ya no estamos en el momento de las palabras ni de los compromisos a largo plazo, sino en el de la implementación y las metas a corto plazo. La ambición sigue siendo imprescindible, pero debe traducirse en objetivos verificables, planes de implementación, resultados medibles y fechas concretas.
La transición ecológica, especialmente la energética, ya se ha hecho un hueco en la cadena de valor porque está alineada con competitividad, innovación y resiliencia. Pero la integración sigue siendo parcial: avanza en clima y circularidad, mientras biodiversidad o contaminación hídrica aún carecen de soluciones e incentivos suficientes.
Significa que la transición no puede construirse sobre las espaldas de quienes menos tienen. La eficiencia energética y las renovables deben llegar a los hogares vulnerables, donde más impacto pueden generar.
A través de programas como Ni un hogar sin energía, hemos diagnosticado más de 55.000 hogares en situación potencial de pobreza energética y detectado que alrededor del 75% de las personas que po-drían beneficiarse del bono social no lo perciben.
Por eso debemos ir más allá de la ayuda al gasto y avanzar hacia medidas de inversión y em-poderamiento, como las comunidades energéticas. La transición energética debe ser una mejora de la calidad de vida, una palanca comunitaria y una oportunidad para luchar contra la exclusión.
Si tuviera que resumirlo, la clave es el acompañamiento. Información, soluciones técnicas, medidas y ayudas son necesarias, pero lo que marca la diferencia son estructuras que lleguen de verdad a las personas: trabajadores sociales, voluntariado, redes vecinales o comunidades energéticas.
La segunda lección es que hacen falta soluciones integrales. No basta con tramitar el bono social, cambiar una bombilla o conceder una ayuda puntual: hay que diagnosticar, orientar hacia eficiencia energética y, cuando sea posible, rehabilitar.
Con este acompañamiento hemos conseguido un ahorro medio de alrededor del 30% en las facturas de electricidad, unos 300 euros al año.
Para una familia vulnerable, puede ser una ayuda muy importante.
Aportan lo que el modelo convencional no puede dar: ciudadanía activa, arraigo territorial y empoderamiento.
Son una solución de transición energética, pero también una forma de crear sociedad civil organizada. Bajan la transformación a lo micro y ponen cara a los hogares y personas.
En el barrio Oliver de Zaragoza, por ejemplo, 56 hogares se han coordinado para instalar paneles en la cubierta de la parroquia. Reducirán alrededor de un 30% su factura y están creando tejido social resiliente. No son solo una herramienta energética, sino democracia ciudadana.
Primero, poner en valor lo conseguido: 837 comunidades energéticas en España, un 27% más que el año anterior, y el doble desde que empezaron las oficinas de transformación comunitaria. Son 837 casos de éxito de sociedad civil organizada para responder a problemas energéticos y crear comunidad.
Pero falta escala. Hay que dar continuidad a esas oficinas, clave para activar pioneros y generar efecto contagio; mejorar la difusión, explicando qué problemas resuelven frente al autoconsumo individual; y avanzar en el marco normativo.
Si creemos que esto es una emergencia y que todos debemos contribuir, las empresas también tienen un papel. Pero el protagonismo debe seguir siendo ciudadano, porque el mayor valor de las comunidades energéticas es crear tejido, relaciones, dinamis-mo y comunidad.
Eso no impide que las empresas acompañen el proceso. Pueden facilitar financiación, ceder cubiertas o espacios, o integrarse como socias cuando el modelo también les aporte una solución. En polígonos industriales o zonas en transformación, por ejemplo, pueden tener un papel más protagonista sin desnaturalizar el modelo.
Precisamente, Comunidad #PorElClima nace para facilitar ese camino y acompañar al conjunto de empresas, especialmente en un país formado mayoritariamente por pymes.
Ofrecemos herramientas gratuitas, como Scope CO2, para calcular emisiones de forma autónoma, y acompañamos el proceso para resolver dudas e interpretar resultados. La clave es poner facilidades y demostrar que la sostenibilidad también mejora el negocio y reduce costes.
Nos ha demostrado que es posible pasar a la acción. Hoy suma 23.000 actores, pero para nosotros el principal valor no es solo la dimensión, sino el método: medir, evaluar y contagiar.
Cuando un establecimiento de Hostelería #PorElClima adopta una medida, se mide su impacto ambiental y económico. Cuando un hospital o centro de salud de Sanidad #PorElClima calcula su huella de carbono, obtiene datos para priorizar mejor sus planes de acción.
Ese enfoque permite reducir costes, mejorar competitividad y generar efecto contagio. Cuando una medida funciona y la cuenta alguien del propio sector, su capacidad de movilización es infinitamente mayor.
La clave está en presentar la sostenibilidad en el idio-ma del negocio. Si las medidas no aportan ahorro, diferenciación, financiación o mejora del producto, no funcionan.
En un bar o restaurante, alrededor del 60% de las emisiones procede del consumo eléctrico y un 20% del gas natural. Por eso, muchas medidas de mayor impacto climático, como cambiar ne-veras, congeladores, climatización o lavavajillas, también reducen la factura.
Así la conversación cambia: la sostenibilidad deja de verse como carga y se entiende como mejora del negocio. La alianza con Coca-Cola y Hostelería de España nos ha permitido llegar mejor al sector: 20.000 establecimientos adheridos y más de 290.000 acciones climáticas.
La movilidad y el transporte son hoy el principal emisor de gases de efecto invernadero y siguen crecien-do tanto en emisiones como en contaminantes urba-nos. Su inacción afecta al resto de sectores y frena parte del esfuerzo que otros sí están haciendo.
Falta inversión real en transporte público metropolitano, bicicleta y electrificación del parque móvil. España está a la cola de Europa en electrificación, pese a tener condiciones para liderar: electricidad limpia, costes competitivos y un sector de automoción relevante. Seguimos lejos de donde deberíamos estar.
Las empresas han avanzado mucho en incorporar sostenibilidad a su cadena de valor, sus insumos y su forma de producir. Pero muchas veces el producto sostenible no encuentra una respuesta clara por parte del consumidor.
Ahí está la siguiente gran batalla. Las compañías no pueden pensar que su función termina cuando el producto llega al mercado: deben generar implicación, conciencia y hábitos sostenibles e influir sobre comportamientos de consumo. La medición del alcance 3 está acelerando esta mirada y soy optimista: veremos empresas más activas en educar y poner en valor hábitos y productos sostenibles.
En este ámbito hay que ser muy contundentes: no estamos haciendo lo suficiente. Y no hablo solo de empresas, también de administraciones.
La presión sobre la contaminación del agua es elevadísima y en muchos territorios estamos en niveles inadmisibles. El primer paso debe ser cumplir la normativa, con rigor en el control de vertidos, las inversiones pendientes en depuración y el seguimiento real de esos procesos.
A partir de ahí, las empresas deben integrar la biodiversidad y la gestión de los recursos en su cadena de valor. Hay más sensibilización, pero en contaminación hídrica no podemos quedarnos ahí: tenemos que ir al cumplimiento estricto de la normativa.
Señalaría tres cosas: convertir la ambición climática en política de Estado, financiarla de verdad y orientar-la a mejorar la calidad de vida sin dejar a nadie atrás.
En ECODES preferimos hablar de un pacto de país. Un reto de esta magnitud no puede abordarse desde la fragmentación, sino con consenso, estabilidad y visión de largo plazo. Las mayorías políticas deben estar a la altura de las mayorías sociales: entre el 75% y el 85% de la población sabe que esta cuestión es urgente y reclama políticas estables.
Tenemos poco tiempo, pero también tenemos soluciones. Lo que necesitamos es determinación colectiva para aplicarlas a la velocidad que exige la emergencia. Y debemos cuidar mucho la comunicación: la transición no puede percibirse como un sacrificio, sino como una oportunidad para mejorar la vida de las personas y construir un futuro más justo, resiliente y competitivo
