En FSC creemos que hay que dejar de ver los
bosques como algo romántico. Esa visión bucólica
del bosque no es la que queremos ni la que
necesitamos, porque significa mucho más: son
activos esenciales.
Los bosques no solo tienen un valor ambiental,
sino también económico y social. Proporcionan
servicios ecosistémicos esenciales para la sociedad,
como la regulación del agua, la protección del suelo,
la conservación de la biodiversidad o la captura
de carbono.
Además, desde el punto de vista social, están
ligados a las comunidades donde se ubican las
zonas forestales, al empleo y a la prosperidad de
esos territorios.
España tiene una superficie forestal importante pero
la productividad de nuestros bosques es mucho menor
que la de otros países del centro y norte de Europa.
Esto se debe a las características del monte
mediterráneo, pero también al hecho de que históricamente
se ha invertido menos en su gestión.Como la productividad es menor, se invierte menos, y al invertirse menos esa situación se perpetúa.
Otro elemento importante es la estructura de
la propiedad. En España la mayor parte del monte
es de propiedad privada, lo que plantea ciertas dificultades
cuando no hay beneficios fiscales que incentiven
la inversión forestal, y los costes asociados
a la gestión del monte muchas veces desincentivan
a los propietarios.
La gobernanza de FSC se basa en conciliar intereses
sociales, ambientales y económicos. No podemos
romper ese equilibrio, porque esos tres elementos
son esenciales.
Trabajamos con las empresas que quieren impulsar
sus políticas de sostenibilidad y mejorar sus
cadenas de suministro, pero también colaboramos
con las administraciones públicas, tanto a nivel estatal
como autonómico o local.
Al mismo tiempo, estamos presentes en el
territorio, porque cuando hablamos de bosques
hablamos de realidades muy concretas. Por eso
también cooperamos con organizaciones sociales y
entidades que priorizan la conservación de los ecosistemas
naturales.
Durante demasiado tiempo ha predominado un enfoque
muy tradicional de la conservación, según el cual
la mejor forma de proteger los ecosistemas es no intervenir
en ellos. Es decir, se asume que si queremos
conservar la naturaleza lo mejor es no hacer nada.
Así que el mayor malentendido sería pensar
que la gestión forestal conduce a la degradación
o a la deforestación. Cuando, en realidad, ocurre
justo lo contrario. La gestión forestal bien realizada
acompaña y acelera los ciclos naturales del bosque.
De hecho, la ausencia de gestión activa puede
acabar provocando la destrucción de las masas
forestales.
En España lo vemos muy claramente con los
incendios forestales, que en los últimos años han
afectado a superficies de decenas de miles de hectáreas,
en su mayoría territorios sin una gestión activa
del monte.
Existe un cliché muy arraigado por el cual la
selvicultura intensiva, como la producción de papel
o las plantaciones forestales destinadas a producir
pulpa o celulosa, se asocian automáticamente con
la deforestación. Sin embargo, esto no es así. En
realidad, ocurre lo contrario. Las plantaciones forman
parte de una gestión activa del territorio.
La deforestación se produce cuando un bosque
se degrada o se elimina para sustituirlo por otro
uso del suelo, por ejemplo, para crear superficies
agrícolas o ganaderas.
Esto es lo que está ocurriendo en muchos bosques
tropicales del planeta, en los que no se gestiona
de forma sostenible, sino que se transforma para
usarlo en otra actividad económica.
En nuestro país existen algunas unidades de
gestión forestal certificadas que son auténticos
ejemplos de buenas prácticas. En ellas se aplican
modelos de selvicultura intensiva, pero al mismo
tiempo se incorporan medidas para proteger la biodiversidad,
conservar las riberas o mejorar la calidad
del agua.
Existe una desconexión entre la sociedad urbana y los
ecosistemas de los que dependen nuestros recursos.
Sin embargo, todo lo que utilizamos procede, directa
o indirectamente, de estos ecosistemas naturales.
Por eso la educación sigue siendo fundamental,
es clave que las futuras generaciones comprendan
el valor de los ecosistemas y de dónde proceden
los productos que utilizan en su vida cotidiana.
Pero, además de educación, necesitamos mucha
más comunicación. En ese sentido, el sector forestal
ha sido tradicionalmente débil. Muchas veces
ha tenido poca inversión y escasa visibilidad pública,
y eso ha dificultado trasladar su importancia a
la sociedad.
Este es otro ejemplo de percepción incompleta sobre
el impacto ambiental de nuestras actividades.
Hoy el debate sobre sostenibilidad pone el
foco en la economía circular, y el papel o el cartón
son ejemplos claros de materiales naturales con tasas
de reciclaje muy elevadas. Son productos que
contribuyen a la mitigación climática y que encajan
plenamente en los modelos de economía circular.
En cambio, en la era digital vivimos permanentemente
conectados sin pensar en el coste que tiene esa infraestructura. El uso de recursos asociados a lo
digital, desde los centros de datos hasta el consumo
energético o de agua, empieza a entrar en la conversación
pública, pero todavía está lejos de formar parte
de la conciencia cotidiana de la sociedad.
Esto no significa que debamos renunciar al
mundo digital, pero sí utilizarlo de forma más racional
y comprender su impacto real. Porque analizando
ciclos de vida completos, los productos basados
en recursos naturales como el papel o el cartón
presentan en muchos casos impactos ambientales
menores que las soluciones digitales.
El primero, claramente, es el factor normativo. La
Comisión Europea ha impulsado una serie de cambios
legislativos que han tenido un efecto tractor
muy importante.
El segundo factor es el reputacional. Pese a la
relajación administrativa, las compañías no
van a desandar el camino recorrido ni a desalinearse
de las estrategias de sostenibilidad
que ya han incorporado.
La reputación es un elemento clave de
cara a los consumidores finales. Los estudios
realizados por Ipsos y More Than Research
para FSC confirman que la preocupación por
los bosques sigue estando presente, especialmente
por los incendios forestales.
Y hay un tercer elemento que también
es determinante: el factor climático. A pesar
de cierto clima de negacionismo o de otras
preocupaciones que parecen ocupar más
espacio en el debate público, la realidad es
que el problema climático sigue ahí y no lo
hemos resuelto.
Además, tiene un impacto directo
sobre la economía, ya que afecta a la producción,
a los recursos naturales y a las cadenas
de abastecimiento en múltiples sectores
económicos.
En el contexto regulatorio actual hay dos ámbitos
en los que FSC puede aportar un valor
claro a las empresas. El primero tiene que ver
con el marco financiero y la taxonomía verde.
FSC es un sistema de certificación
basado en estándares rigurosos y verificación
independiente por terceras partes.
Eso significa que los datos que se generan
sobre la gestión forestal, la producción o
el origen de las materias primas son datos
objetivos y verificables.
Además, con el desarrollo reciente del portfolio
de servicios ecosistémicos forestales dentro de
la certificación FSC, se pueden acreditar impactos
positivos relacionados con aspectos como la biodiversidad,
el carbono o el agua, algo muy útil a la
hora de acceder a financiación sostenible o demostrar
el valor ambiental de sus inversiones.
El segundo ámbito tiene que ver con el reporting
de sostenibilidad, donde contamos con herramientas
como el Benchmarking Tool, que compara
los indicadores de la certificación con los principales
marcos de reporting global, como CSRD, GRI,
TNFD o CDP.
También contamos con iniciativas empresariales
que ponen en práctica este enfoque, como el
programa “Comprometidos con nuestros bosques”,
una alianza empresarial impulsada por Carrefour en
colaboración con FSC. Un programa que ya lleva varias
ediciones y que reúne a empresas interesadas en
desarrollar proyectos vinculados a la gestión forestal
sostenible y a soluciones basadas en la naturaleza.
El objetivo es ofrecer herramientas a propietarios
y gestores forestales para valorizar económicamente
servicios que tradicionalmente se han
considerado externalidades: la biodiversidad, la
captura de carbono, la regulación del agua, la protección
del suelo, la calidad del aire o incluso valores
culturales, recreativos o turísticos asociados
al bosque.
Esa valorización permite movilizar inversión
pública y privada hacia el sector forestal. En un
contexto donde la rentabilidad directa de la madera
puede ser limitada, reconocer económicamente
estos servicios puede ampliar el modelo de negocio
del sector.
Por ejemplo, cuando un proyecto forestal certificado
demuestra capacidad de absorción de carbono,
esa captura puede generar créditos que se
comercializan en los mercados de carbono.
En estos casos, la certificación FSC actúa
como un elemento de garantía adicional. La
gestión forestal certificada se considera una
gestión mejorada desde el punto de vista
ambiental y social, lo que se traduce en un
mayor valor para esas toneladas de carbono
capturadas.
Creo que en los próximos años el aseguramiento
de las cadenas de suministro y de los
factores de producción van a adquirir todavía
más protagonismo.
Vivimos en un contexto de cambios rápidos
y de creciente incertidumbre, donde el
clima, los conflictos geopolíticos o la disponibilidad
de recursos pueden afectar directamente
a esas cadenas de suministro.
En el caso del sector forestal, estamos
convencidos de que su papel será cada vez
más relevante, porque los bosques proporcionan
servicios esenciales para la sociedad.
Por eso confiamos en que aumenten
las fórmulas de inversión público-privada
que permitan mejorar la rentabilidad y la
gestión del territorio.
En cualquier caso, si hay una tendencia
clara es el creciente papel de los sistemas
de certificación independientes. Los consumidores
demandan cada vez más garantías
sobre el origen y la sostenibilidad de los
productos que consumen. Por eso los sellos
basados en verificación por terceras partes,
con criterios rigurosos y procesos de acreditación,
seguirán siendo una herramienta clave
para aportar confianza y transparencia a
las cadenas de suministro.
