De esta crisis se sale con un incremento de la cultura responsable en las empresas

Ramón Jáuregui,

diputado socialista de CERSE

26/10/2013

Hay voces que piensan que la crisis va a suponer un freno para la RSE, mientras que hay quien opina todo lo contrario. ¿Hacia dónde se decanta?
Para muchas empresas ha resultado imposible seguir haciendo esfuerzos en materia de Responsabilidad Social porque sus resultados han caído y han tenido que llevar a cabo recortes. No obstante, yo creo que de esta crisis se sale con un incremento de la cultura responsable en las empresas porque la crisis ha puesto de manifiesto que bordear la ley o buscar atajos de competitividad te acaba poniendo frente al espejo. La crisis acabará redundando en una cultura más responsable y más sostenible porque los parámetros de la ecuación empresa y sociedad están cambiando y, muy probablemente, la empresa va a estar cada vez más sometida al escrutinio de la opinión pública. Está por ver hasta qué punto ese escrutinio público premia o castiga los comportamientos empresariales, pero, sin duda, en este momento está creciendo la conciencia crítica y la exigencia social de la ciudadanía respecto de las empresas.

De hecho las encuestas afirman que la sociedad está dispuesta a premiar prácticas empresariales responsables, pero no a cualquier precio. ¿Somos contradictorios?
Obviamente, sí lo somos. A menudo, cuando la sociedad manifiesta actitudes favorables a la responsabilidad y a la sostenibilidad lo hace para quedar bien con el encuestador, pero la decisión de comprar una cosa u otra, de premiar una marca u otra en función de sus comportamientos, no está constatada en términos comerciales. Es decir, son pocos los casos en los cuales las empresas han obtenido importantes beneficios desde el punto de vista de su política de responsabilidad social. Está más claro el castigo, es decir, los fallos de reputación de las compañías provocan costes en muchos planos.

Usted ha hablado sobre la necesidad de crear un índice de malas prácticas. ¿Sigue pensando en ello?
Soy consciente de que esta idea tiene muy mala prensa, pero creo que sería bueno tener un instituto objetivo y con credibilidad internacional para la evaluación de las prácticas empresariales negativas. Esto estimularía a las empresas a comportarse adecuadamente.

En la actualidad hay una creciente ingeniería favorable a la rendición de cuentas liderada tanto por la GRI como las grandes compañías…
La transparencia en la información de las compañías es un elemento nuclear. Y esa transparencia tiene que incorporar la cadena de suministro porque si no realmente no sabemos nada. El reporte integrado puede acabar siendo una herramienta muy integral para que las empresas establezcan su información, no sólo sobre sus beneficios, sino sobre cómo obtienen sus plusvalías, a qué riesgos se enfrentan, cuál es su marco de relación con las instituciones... y en ese marco me parece muy importante la integración de su cadena de suministro.

¿Se terminaría así con catástrofes como la ocurrida hace unos meses en Bangladesh?
Estamos en la era de la globalización y de la subcontratación encadenada hasta el infinito. La sociedad tiene que saber cómo contratan las compañías y en ese terreno ha entrado con mucha fuerza la propuesta de Naciones Unidas, de acuerdo con el informe John Ruggie, de ligar las prácticas empresariales con los Derechos Humanos, entendidos éstos en una vertiente expansiva de considerar que es un código universal de dignidad humana y laboral. A pesar de llevar 150 años de desarrollo del mundo laboral, desgraciadamente en el mundo no tenemos unas reglas comunes y universales de contratación de trabajadores y que los Derechos Humanos y los códigos laborales universales acaben configurando un universo laboral mínimo me parece un gran hallazgo. Y mucho más la posibilidad de interpelar a las empresa en su país de origen con lo que se llama el principio de extraterritorialidad. Esto me parece fundamental. En este sentido, es muy importante que en España el Congreso de los Diputados haya aprobado una resolución parlamentaria unánime instando al Gobierno a que tenga en cuenta los principios de Ruggie y los Derechos Humanos en sus políticas de apoyo a la internacionalización de las empresas y a la marca España.

¿Cree que las políticas de RSE deben ser voluntarias u obligatorias?
Hay que buscar una combinación entre voluntariedad, estímulos a su ejecución e incluso la legislación. Las empresas ya están obligadas a cumplir la fiscalidad, los derechos laborales mínimos, etc., y conforme vamos avanzando, les vamos exigiendo que dialoguen con sus stakeholders, que elaboren una memoria de sostenibilidad, que mejoren su seguridad laboral, que lleven a cabo una política de igualdad frente a la diversidad… Se trata de grandes causas que no tienen una ley mínima, pero donde la RSE va estableciendo una práctica suficientemente estimulada para que las empresas mejoren sus mínimos legales en todas esas materias. Simplemente, eso es la RSE. Por otra parte, pienso que hay ámbitos en los que habría que mejorar la ley y, en ese sentido, soy partidario de estimular que se establezcan plazos para que la presencia de las mujeres en los consejos de administración tenga un mínimo. No podemos imponer a las empresas que implanten políticas de conciliación o la composición de sus consejos, pero tenemos que estimular que esas prácticas se vayan extendiendo, y la RSE es una buena herramienta para conseguirlo.

Y hablando de legislación, ¿en qué situación se encuentra el Plan Nacional de la RSE?
Sinceramente, aquí el Gobierno ha fallado. En el 2008 creamos el Consejo Estatal de la RSE (CERSE), como un organismo multistakeholder para que empresarios, sindicatos, Tercer Sector, Administraciones públicas… fueran diseñando conjuntamente un camino de hacer RSE. Esta idea implicaba un consenso, pero lo cierto es que la CEOE no ha ayudado y, además, desde que el Partido Popular llegó al Gobierno todos los trabajos del CERSE han quedado bloqueados, no se ha elaborado el Plan Nacional de la RSE y en las intervenciones de los ministros y del presidente del Gobierno no aparece ni por asomo la RSE. Creo que hay un boicot objetivo por parte del Gobierno a esta idea y lo lamento profundamente porque soy de los que cree que de esta crisis también salimos con más RSE.

El Gobierno asegura que “no hay mayor Responsabilidad Social Corporativa que el empleo”…
Eso es lo mismo que decir: “La RSE no me interesa”. Ya sabemos que el empleo es la función elemental de la Responsabilidad Social, concebida ésta como una economía al servicio del bien común, pero la RSE también es cómo son las empresas. Crear empleo es como pagar el fisco.