Problemas sobre de origen nuclear, de explotación minera, sobre yacimientos petrolíferos o relacionados con la conservación de la biodiversidad. Éstas son algunas de las categorías en que se clasifican los más de 800 conflictos con el medio ambiente que el Atlas de Justicia Ambiental ha registrado por todo el mundo. El proyecto EJOLT, en el que colaboran investigadores de 23 universidades diferentes –entre las que destacan la UAB y la URV– pretende aportar pruebas sobre los desequilibrios estructurales de poder en la economía global, como ha informado Televisió de Catalunya.
El mapamundi ya incluye 884 agresiones al medio ambiente, aunque desde EJOLT se han propuesto llegar a los dos millares en 2015: todavía hay muchas regiones en las que no figuran conflictos con el ecosistema, como la Península Arábiga o Japón. También resulta incomprensible que países de destacada extensión como Rusia, China o Australia sólo tengan documentados un par de casos perjudiciales para la sostenibilidad. La India, con 112 agresiones al medio ambiente –la mayoría relacionados con la contaminación o el tratamiento del agua–, encabeza la lista, y tenemos que bajar hasta la séptima posición para encontrar a España, con 35 denuncias. Algunos de estos conflictos son el derrame de fuel del Prestige, los seísmos provocados por el Proyecto Castor o la protección del lince ibérico.
Esta iniciativa permite filtrar los casos por países, empresas responsables, materia prima afectada o tipo de actividad económica concreta. Clicando a cada punto nos aparece una ficha descriptiva del problema que nos da, en inglés, toda la información relacionada. El atlas, presentado en Bruselas en el marco de la Delegación del Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, tiene como objetivo el aumento de la visibilidad de los conflictos. El catedrático de la UAB y director del proyecto EJOLT, Joan Martínez Alier, ha explicado a Televisió de Catalunya que “las comunidades que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos son pobres, a menudo indígenas, y no tienen poder político para acceder a la justicia ambiental”.
