“Estamos siguiendo de cerca el trabajo de Total en el Sáhara Occidental”, ha declarado Ola Mestad, profesor de derecho al frente del consejo de ética del fondo noruego desde 2010, según publica El País. Desde el NBIM se sospecha que la empresa dedicada a la explotación de oro negro está actuando de un modo que puede quebrantar su inflexible código de conducta. Los responsables de Total, sin embargo, han asegurado a la agencia Reuters que sus operaciones están de acuerdo con las leyes y estándares internacionales, en particular los relacionados con los derechos humanos.
La asociación Western Sahara Resource Watch (WSRW) publicó un informe el pasado mes de septiembre en el que se afirmaba que en 2001 el gobierno marroquí concedió dos licencias de petróleo en el codiciado territorio del Sáhara Occidental, una de las cuales se la quedó Total. Meses más tarde la Oficina Jurídica de la ONU respondió que cualquier explotación sin el consentimiento del pueblo saharaui violaría la legalidad internacional. Aún así, la Total ha seguido renovando la licencia sin pedir el permiso de los saharauis, y actualmente posee en esa región un bloque de empresas petroleras con una extensión similar al tamaño de Portugal.
Presente en el capital de 8.200 empresas de todo el mundo y moviendo 850.000 millones de dólares, el fondo público tiene una lista de 63 empresas en las que no puede invertir. En ella figuran fabricantes de armas nucleares, compañías mineras y productoras de tabaco. En su informe anual publicado la semana pasada, el NBIM recomendaba disminuir sus inversiones en firmas ubicadas en el Sáhara Occidental. Mestad, desde su oficina en la Universidad de Oslo, ha explicado que antes de participar en determinadas empresas se debería ser consciente de los temas relacionados con los derechos humanos, tanto por razones morales como por el riesgo que puede suponer una mala decisión. Este año el consejo de ética vigilará las compañías de petróleo y gas que trabajan en países salpicados por casos de corrupción, y también investigará las empresas textiles que violen los derechos de sus trabajadores.
