La Discapacidad en el entorno rural
Tanto las personas con discapacidad como las que residen en entornos rurales, son grupos vulnerables a los que, a menudo, se tiene en cuenta a la hora de abordar políticas sociales. Si ambos factores confluyen en una misma persona (discapacidad y entorno rural), no parece aventurado afirmar que puede caer en una situación de doble exclusión social, en la que la vulnerabilidad se hace aún más acuciante.
¿Por qué habitar en un medio rural es un factor discriminatorio? En este entorno, el acceso a ciertos servicios como la sanidad, la educación o el transporte, es más complejo y menos accesible, ya que encontramos numerosas barreras arquitectónicas y de comunicación, que no contribuyen a la hora de que la persona con discapacidad se desenvuelva con facilidad y garantías.
Concretamente en Aragón, y según datos del Instituto Aragonés de Estadística, la despoblación y el envejecimiento son una importante amenaza para el entorno rural. Así, en la última década, los pueblos de menos de 2.000 habitantes han experimentado un descenso de la población del 16%, lo que se traduce en 43.000 personas que han abandonado las pequeñas localidades en esta coyuntura de crisis. De este modo, si en 2002 vivían 270.000 aragoneses en estas localidades, actualmente sólo quedan 226.000. Además, en 50 municipios no hay personas de menos de 14 años y en 315 de todas las localidades de Aragón no se registró ningún nacimiento durante el último año. Esta situación nos lleva a una espiral en la que la población está cada vez más envejecida, va falleciendo y no existe relevo regeneracional que la reemplace.
Estas circunstancias hacen del medio rural aragonés, en términos generales, un entorno difícil para el desarrollo y realización de las personas con discapacidad. Por este motivo, el colectivo merece una especial atención: es necesario acometer políticas específicas que impulsen su participación social y laboral, a través de la eliminación de las barreras del entorno.
En este contexto, el compromiso de la empresa es vital para el proceso de integración. Recordemos que en Aragón, existen actualmente 3.005 personas con discapacidad desempleadas, cuya situación se antoja más difícil en el medio rural.
Sin embargo, y atendiendo a las empresas rurales analizadas, advertimos que sólo un 22% tiene algún trabajador con certificado de minusvalía en su plantilla. Un 90% de éstas son organizaciones de más de 50 trabajadores y el 10% restante oscila entre los 30 y los 50 empleados.
A pesar de esta escasa presencia, un 84% destaca que, si tuviera la oportunidad, contrataría personas con discapacidad. El 16% restante no lo considera, debido principalmente a la peligrosidad del puesto (95%), que considera incompatible con la discapacidad. Además un 3% alega que sus instalaciones no son accesibles y un 2% que tiene temor a bajas continuadas.
La LISMI, aún desconocida
La LISMI es la ley de integración social del minusválido (ley 13/1982 de 7 de abril) que establece, para las empresas públicas y privadas, con una plantilla superior a 50 trabajadores, la obligación de contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%. Llama la atención el hecho de que, más de la mitad de las empresas encuestadas, desconoce la Ley de Integración del Minusválido (66%). Sólo un 34% ha escuchado hablar de esta normativa legal. Sin embargo, al explicarles sus implicaciones, un 87% la considera justa y necesaria.
Se cumple el precepto de que, a mayor tamaño, mayor conocimiento de la RSC. Así, el 73% de los que conocen la LISMI, son empresas de más de 50 trabajadores.
En el caso de las empresas rurales de Aragón y, restringiéndonos a aquellas empresas de más de 50 trabajadores, obtenemos que la contratación directa es el modo más habitual de cumplimiento de la ley (38%). En segundo lugar, un 31% cumple la LISMI a través de la medida alternativa y, otro 31% combina la contratación con la medida alternativa.
