"El voto de hoy supone un gran paso adelante para que los tribunales de la UE detengan los abusos de mercado. Ésta es la primera ley que introduce condenas severas a escala europea por abuso de mercado, con sentencias mínimas de prisión de cuatro años para ofensas graves, como el uso de información privilegiada y la manipulación de mercado. El escándalo del Libor puede que no sea el último. Las sospechas sobre la manipulación de mercado surgen ahora en sectores como el petróleo, el gas y los mercados de divisas extranjeros", ha afirmado la ponente de la comisión de Asuntos Económicos, la laborista británica Arlene McCarthy.
Las nuevas normas han sido adoptadas por 618 votos a favor, 20 en contra y 43 abstenciones.
Sanciones penales
El texto establece condenas criminales más severas, incluso penas de prisión, contra manipulaciones graves de mercado como la revelación o el uso de información privilegiada, así como la incitación a estos delitos y la complicidad.
Todos los Estados miembros deberán exigir a los jueces que impongan penas de al menos cuatro años de prisión para los casos más graves de uso de información privilegiada o manipulación de mercado y de al menos dos años por revelación indebida de información.
Delitos
Las nuevas normas también armonizarán las definiciones de delitos y penas aplicables. En este sentido, los delitos de manipulación de mercado castigados con cuatro años de prisión incluirán la ejecución de una transacción y la formulación de una orden de negociación que transmita señales falsas o engañosas sobre una oferta, una demanda o el precio de un instrumento financiero, así como la transmisión de información falsa o engañosa que represente una manipulación intencionada del cálculo de un índice de referencia interbancaria como el Libor o el Euribor.
Por su parte, los delitos de uso de información privilegiada castigables con penas de cuatro años de prisión incluirán aquellos casos en los que los datos se usen para comprar o vender instrumentos financieros o cancelar o modificar una orden.
Los Estados miembros tendrán la libertad de fijar penas criminales todavía más severas que las desplegadas por estas normas.
