Los tres representantes han recordado al Secretario de Estado que la protesta pacífica está amparada por el derecho internacional y que no puede ser objeto de persecución ni de sanción, por lo que le han pedido que renuncie a cualquier modificación legislativa que, tanto por un aumento en la cuantía de las multas como por la limitación de la presunción de inocencia o la persecución de conductas amparadas por el derecho internacional, pueda tener un impacto negativo en los derechos fundamentales, y muy especialmente en el derecho de reunión y en la libertad de expresión.
Por otra parte, también han transmitido al Secretario de Estado que la despenalización de ciertas faltas en el Código Penal no debe significar su mayor sanción por la vía administrativa, ni la inclusión de sanciones para otras conductas relacionadas con la protesta pacífica.
El Secretario de Estado se ha comprometido a volver a reunirse con las tres organizaciones antes de que el borrador de proyecto de ley sea llevado al Consejo de Ministros y después de recibir los dictámenes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones con las que están consultando el cambio normativo.
