El plan, aprobado por el Consejo de Ministros en enero de 2011, supone el desarrollo de la Ley de Igualdad en este ámbito administrativo y contempla diferentes ejes de actuación: diagnóstico de situaciones de desigualdad, acceso al empleo público, desarrollo de la carrera profesional, ordenación del tiempo de trabajo, retribuciones o situaciones de especial protección.
Según denuncia la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), "la ejecución del plan ha sido desigual e incompleta y sólo se ha ejecutado íntegramente una sola acción: los cursos de formación y sensibilización sobre la igualdad de trato. Tal es la desidia, que la mitad de los centros de trabajo ni siquiera rellenan los formularios e informes que se requieren para evaluar la efectividad de las políticas de igualdad y sólo 16 centros directivos de los 30 que han aportado la información habrían realizado un diagnóstico".
Según el sindicato de funcionarios, el informe reconoce que la Ley de Igualdad se incumple en la representación de mujeres en los altos cargos. Según el texto no pueden ser menos del 40%, si bien la realidad es que las mujeres no llegan al 23% de media: ministros (28,5%), secretarios de Estado (24,1), subsecretarios (28,33), directores generales (27,3) y embajadores (13,6%). Los ministerios achacan esta realidad a que son personas de “mayor edad” nombrados por criterios de competencia profesional y experiencia, “donde generalmente han existido diferencias reseñables entre mujeres y hombres”.
Carencia de medidas contra la violencia de género
Por otra parte, CSI-F llama la atención especialmente sobre la carencia de medidas para las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Menos de la mitad de los centros carecen de protocolos de acoso sexual y por razón de sexo, y solo tres cuentan con un protocolo de movilidad para las víctimas. Además hay una gran desinformación y ausencia de indicadores para detectar y hacer un correcto seguimiento de este problema, su carrera profesional, su promoción, sus pérdidas retributivas.
Según afirma la CSI-F, "esta es una de las debilidades más graves del Plan y se deben corregir en la elaboración del Segundo Plan. Tampoco hay estudios sobre la carrera profesional, promoción, retribuciones y acceso al puesto de las víctimas de violencia de género, ni tan siquiera información sobre la posibilidad de cambiar de puesto entre administraciones, como medida de protección ante el agresor".
Ante esta situación, el informe señala una serie de propuestas de mejora para la elaboración del Segundo Plan de Igualdad, empezando por la necesidad de asignar con mayor claridad las responsabilidades de los departamentos en el desarrollo del Plan y mejorar los procedimientos para garantizar la implicación de las estructuras administrativas.
