Según informan desde la agencia Servimedia, las entidades reclaman al ejecutivo su apoyo "al más alto nivel" para que esta iniciativa vea la luz. Por ahora, el proceso de elaboración de este plan está siendo liderado por la Oficina de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Además de las entidades mencionadas, son también firmantes de la carta el Observatorio de RSC, Sustentia, Oxfam Intermón, la OCU, la CECU, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Ongwa y la Fundación Salvador Soler. Todas estas organizaciones han recordado al ejecutivo que el futuro plan debe contener "medidas concretas" que reflejen la "obligación del Estado de proteger a las personas y comunidades de potenciales abusos cometidos por empresas españolas en cualquier lugar del mundo", según informan desde Servimedia. En este sentido, el plan deberá incluir la "obligación del Estado de garantizar la reparación a las personas y comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos" como consecuencia de la actividad de empresas españolas.
Según señalan las organizaciones firmantes, la elaboración de este plan es consecuencia de la adopción, por consenso, de los "Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar" en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Además, esta iniciativa tiene en cuenta la invitación a los Estados contenida en la Comunicación de la Comisión Europea "Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas".
