Pese a no haberlo fijado en su demanda inicial, Cospedal, sin especificar la razón, ha fijado la cuantía en 30.000 euros. El próximo día 6 de marzo, a las 10:00 de la mañana, se celebrará el juicio en el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Toledo.
"Confiamos en que prevalezca el Derecho a la Información en la protección del medio ambiente, que es lo único que ha pretendido Greenpeace con la publicación de su informe Amnistía a la Destrucción: poner de manifiesto el retroceso medioambiental que ha supuesto la Ley Costas", ha declarado José Manuel Marraco, abogado de Greenpeace.
Para Greenpeace resulta sorprendente que, en esta demanda sobre los derechos particulares de Dolores de Cospedal, se utilicen los servicios jurídicos de la Administración autonómica para la defensa de intereses privados, sobre todo cuando el informe de Greenpeace no se refiere a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ya que, como es evidente, el Gobierno castellano-manchego no tiene competencias en el ámbito de la Ley de Costas.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha consideró que se lesionaba el honor de su presidenta por la publicación en los medios de comunicación de informaciones referidas al informe de Greenpeace, del que se deducían conexiones entre el marido de Cospedal, Ignacio López del Hierro, y los intereses inmobiliarios de diversas empresas constructoras. La organización ecologista, que presentó el informe en diciembre de 2012, en ningún momento señala a Cospedal como beneficiaria de la reforma de la Ley de Costas, sino que se la mencionaba simplemente por estar casada con López de Hierro, quien fue consejero en una empresa inmobiliaria, Bami NewCo, junto con el actual ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.
