Según explican desde el periódico El País, entre las principales modificaciones introducidas en la propuesta de reforma de la ley de defensa de los consumidores se encuentra la exigencia de que las empresas amplíen la información que proporcionan al cliente antes de formalizar un contrato o venta. Además, se extiende el periodo en el que el consumidor tiene derecho a renunciar o desistir del contrato, que pasa de los siete días hábiles actuales a 14 días naturales. El comprador, por otro lado, deberá aceptar el precio final antes de que concluya la transacción, lo cual debe evitar cargos encubiertos.
En definitiva, lo que pretende la reforma normativa es reforzar la protección jurídica de los consumidores, con lo que se espera impulsar el comercio electrónico y las transacciones a distancia. De todos modos, el texto aprobado por el Consejo de Ministros suscita también algunas críticas entre las asociaciones de consumidores, según recoge El País. Destaca entre ellas el hecho de que la norma no introduzca sanciones para las empresas que incumplan las nuevas exigencias. Además, la portavoz de la OCU, Ileana Izverniceanu lamenta que, a pesar de la existencia de mucha legislación relativa al consumo en España, el control que se ejerce sobre su cumplimiento es insuficiente.
