La propuesta, a la que ha tenido acceso la agencia Servimedia, señala que la situación de estas entidades es "insostenible". El documento recuerda que estas organizaciones han debido hacer frente a una importante reducción de sus ingresos, tanto de los que provienen de las obras sociales de las cajas de ahorro como de las subvenciones de las administraciones públicas.
En la proposición presentada, CiU plantea la creación de un Fondo para la Reestructuración de las Entidades sin afán de lucro del Tercer Sector de acción social (FRETS). Este fondo, que debería contar con una consignación anual dentro de los Presupuestos Generales del Estado, nacería con una dotación inicial de cien millones de euros. Los recursos dispuestos por el FRETS deberían ser utilizados para facilitar el acceso de las entidades del tercer sector al capital necesario para mantener y adecuar sus equipamientos, así como para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de las organizaciones.
Según recoge Servimedia, el documento establece que este fondo debería ser receptor de "los recursos que lleguen a ser calificados como bienes vacantes, abandonados o carentes de dueño conocido, y que se atribuyen al Estado". Además, señala el texto, "deberían destinarse a estos fines los recursos ociosos, bloqueados en cuentas o depósitos, indemnizaciones de seguros no reclamados, secesión abientestado del Estado, deuda perpetua, consignaciones judiciales abandonadas o decomisadas, u otros bienes vacantes que acaben otorgándose a la Administración General del Estado".
Además del FRETS, la proposición de ley insta al ejecutivo a promover el capital riesgo social en proyectos de innovación o emprendimiento social, a través de la adquisición de cuotas participativas o acciones. El documento presentado por CiU solicita al gobierno que emprenda las acciones necesarias para que parte de los fondos de capital riesgo de la Empresa Nacional de Innovación se inviertan en capital riesgo social.
