Tras una descripción de la realidad actual, el documento analiza las reacciones encontradas ante la iniciativa de la Comisión Europea -la propuesta Reding-, de introducir cuotas obligatorias de participación de las mujeres en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa, con el fin de alcanzar el 40% de presencia femenina para el año 2020 (el 30% para 2015, como paso intermedio). Al respecto, aborda en detalle dos modelos contrapuestos: Noruega y Francia –como ejemplos de promoción de las cuotas-, frente a Alemania y Gran Bretaña –abanderadas de la autorregulación-, lo que permite contrastar los efectos en cadena de esas dos opciones.
La proporción de mujeres en estos órganos alcanza el 16% en el conjunto de la Unión Europea, siendo presidentas sólo el 3%, cuando constituyen el 60% de quienes terminan estudios superiores. Entre los Estados miembros los porcentajes de mujeres consejeras varían desde el 4% en Malta hasta el 25% en Finlandia, como también divergen las formas de abordar la cuestión desde los poderes públicos. De continuar en la misma línea, se necesitarían más de 40 años para conseguir una representación igualitaria en los procesos de toma de decisiones.
La brecha de género persiste también en la política europea: las mujeres no superan el 24% en los parlamentos nacionales, o el 26% en los gobiernos. En el caso del Parlamento Europeo no alcanza el 35% y solo un tercio de los comisarios europeos son mujeres.
La ayudante de investigación de Fundación Ideas, Loredana Stan, recuerda que “la igualdad descansa sobre la puesta en marcha de políticas activas que garanticen mayor inversión social”, por lo que alerta de la situación en España, que ha pasado de ser referente internacional de buenas prácticas en las legislaturas precedentes al abandono negligente actual. El Gobierno conservador ha relegado estas actuaciones a un segundo plano de la agenda política con la excusa de la crisis económica y la aplicación de un sesgo ideológico, lo que nos sitúa, como consecuencia, a la cola de los países europeos en ese impulso.
Así, en este documento se establecen una serie de recomendaciones para volver a la senda del avance hacia la igualdad, tales como la evaluación del Plan estratégico de Igualdad de Oportunidades, para con el diagnóstico abrir el diálogo social para elaborar las medidas necesarias; apostar por la inversión pública en políticas claves para la igualdad –educación, servicios sociales o dependencia- y seguir avanzando en las provisiones legislativas que garanticen la participación de mujeres, también en los consejos de administración.
Trabajar por el futuro
El documento de Ideas concluye que "la UE no se puede permitir esperar a que se resuelva 'naturalmente'" la desigualdad. "La situación actual requiere una respuesta común que garantice la igualdad de derechos, más allá de las iniciativas privadas, cuyo alcance, tal y como las estadísticas demuestran, es limitado", destaca Loredana Stan.
Respecto a nuestro país, se advierte de que "además de recuperar urgentemente atención y recursos para las políticas de igualdad antes de que la situación se haga completamente irreversible, España ha de introducir legalmente la obligatoriedad de las cuotas de representación, dotándola de plazos realistas y sanciones para su incumplimiento, con la pretensión de avanzar, sin más retrasos, en medidas concretas para que el objetivo 2020 no se convierta en simple espejismo”.
Con la intención de continuar fomentando el debate en torno a esta materia se está trabajando en la organización, para finales del mes de octubre, de una jornada configurada como espacio de debate y reflexión entre especialistas profesionales de diferentes países europeos.
