La Convención es un tratado internacional, y es por ello que la asumen los Estados, como España, y las entidades supranacionales, como la Unión Europea. Sin embargo, desde el CERMI consideran que el documento "vincula a todas las instancias sociales, incluidas las empresas y corporaciones, que tienen obligación de ser inclusivas, no discriminatorias y accesibles".
Con esta nueva iniciativa, el CERMI busca "la adhesión de las empresas con más conciencia social y cívica a la Convención de la Discapacidad". Este compromiso, señalan desde el Comité, deberá traducirse en políticas, estrategias y medidas para que el entorno empresarial garantice los derechos y la igualdad de las personas con discapacidad, tanto entre los trabajadores como entre clientes o grupos de interés.
