Europa Press se hace eco que dicho protocolo que pondrá en marcha la Administración. Éste incluiría, según las recomendaciones de CSI-F, un registro sistematizado de agresiones en todos y cada uno de los ámbitos administrativos, actualmente inexistente, salvo en algunos sectores como el sanitario o el educativo.
"Las agresiones que sufren los empleados públicos en el desempeño de su trabajo son un reto a afrontar desde ya, porque cualquier violencia en el trabajo resulta inaceptable. En este sentido, la Administración tiene una asignatura pendiente, que también se extiende al acoso laboral o el seguimiento y la atención a empleadas públicas víctimas de violencia de género", subraya.
El sindicato denuncia que desde el comienzo de la crisis los empleados públicos han sido objeto de una "campaña de desprestigio", que ha puesto en cuestión su labor, el volumen de la plantilla del sector público y la función social que desempeña el colectivo. Ello, unido a la "sobrecarga" de trabajo que ha provocado el recorte de personal en determinados servicios que se prestan de cara al público, ha provocado que la atención a los ciudadanos se preste en situaciones "muy adversas". Este es el caso, explica CSI-F, de los servicios públicos de empleo, las sedes judiciales, las jefaturas de Tráfico, las delegaciones de Hacienda, y las prisiones.
CSI-F quiere que la Administración se implique en la prevenciónm implantando una cultura de 'tolerancia cero' ante las situaciones violentas, integrando la prevención en la gestión, mejorando las condiciones de trabajo y las medidas de prevención, y agravando las penas a nivel de delito y agresión a la autoridad.
