El fondo servirá para que las empresas del país asiático tengan acceso a créditos y capital suficiente para mejorar la seguridad de las fábricas siguiendo las recomendaciones de los inspectores. Estos darán prioridad a los riesgos de seguridad de la fábricas para que se adopten las medidas necesarias, y deberán informar inmediatamente a los miembros de la alianza, a los propietarios de los edificios, los trabajadores y el Gobierno de Bangladesh con las medidas que se tiene que adoptar, entre las que figura el cierre de los centros y la evacuación de trabajadores. Para éstos últimos casos la Alianza ha dispuesto que se destine el 10 por ciento del fondo para apoyar financieramente a los empleados que se vean afectados por cierres temporales de las empresas cuando se tengan que llevar a cabo las mejoras de seguridad precisas.
Los miembros de la Alianza para la Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh, compuesta por 17 compañías entre las que figuran GAP y Wal-Mart, aportarán también fondos adicionales para que, en un periodo de cinco años, se puedan desarrollar programas específicos de seguridad. Estos fondos adicionales suman, por el momento, 42 millones de dólares.
La iniciativa conlleva inspecciones a los proveedores de las compañías firmantes durante el primer año de actuación, de acuerdo a normas de seguridad comunes que serán acordadas en los próximos tres meses. Ademas, se pondrán en marcha Comités de Participación de Trabajadores en cada una de las plantas de producción.
Denuncia vía sms
Una de las novedades más destacables es que los trabajadores bangladeshies contarán, a partir de noviembre de este año, de un canal de denuncia anónimo con tecnología móvil a través del cual poder comunicar irregularidades, y que será administrado por una tercera parte independiente.
Según informa Servimedia, está previsto seleccionar, en los próximos 30 días, a una organización no gubernamental que trabaje en el país para que puedan desarrollarse ciertas partes del programa diseñado por las multinacionales norteamericanas. También se pretende publicar informes seminanuales sobre la evolución y progresos de las medidas adoptadas, y se ha pedido a los senadores George J. Mitchell y Olympia Snowe para que lleven a cabo una verificación independiente sobre la efectividad del programa al cabo de los dos primeros años.
