"Estamos siguiendo atentamente todo lo que va sucediendo en la legislación española. No tenemos competencias específicas de acuerdo con el derecho europeo para intervenir", ha explicado el funcionario de Justicia del Ejecutivo comunitario, Vincent Depaigne, durante el debate en la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, que ha aplazado el voto del informe de la delegación que visitó Madrid en marzo para estudiar 'in situ' las quejas de los ciudadanos a la anterior norma y discutir con las nuevas autoridades la reforma de la Ley de Costas, ya aprobada.
La presidenta de la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, la conservadora italiana Emilia Mazzoni, ha confirmado que la votación del proyecto de informe de los eurodiputados que visitaron España en marzo, se aplaza a septiembre para dar tiempo a los grupos políticos a presentar sus enmiendas al texto.
Así lo acordaron este lunes los portavoces de los grupos políticos de la Comisión de Peticiones, sobre todo debido a las presiones del Partido Popular, que ha rechazado de plano el contenido del informe, según han confirmado a Europapress varias fuentes parlamentarias.
El proyecto de informe espera que la revisión de la Ley de Costas del Gobierno de Mariano Rajoy sea aplicada "coherentemente" y cumpla los objetivos del Ministerio de reforzar la protección acordada al entorno costero. También resalta que "siguen preocupados" por "las mejoras significativas que todavía son necesarias en términos de derechos de propiedad y adquisición para cumplir los estándares europeos comunes".
El texto recuerda que "el objetivo de la reforma de la Ley de Costas 1988 era dar una mayor certidumbre legal para la gente con propiedades a lo largo de las zonas costeras españolas y dar mayor protección al entorno costero". Además subraya que la "descentralización de la autoridad y el poder excesivo tácito pero acordado durante muchos años a las autoridades municipales por los Gobiernos regionales, permitieron a muchos ayuntamientos locales abusar de su rol aceptando programas de construcción masivos" sin supervisión "adecuada" dejando a "muchos propietarios inocentes" como víctimas de abusos.
Corrupción y connivencia entre autoridades y constructoras
Así, el borrador del informe recoge: "Esto se ha dado mano a mano con lo que muchos ven como una amplia corrupción y connivencia entre las autoridades políticas y la industria de la construcción". Aunque celebra el borrador de la Ley de Costas (la visita fue previa a la adopción de la reforma normativa por el Congreso en mayo) y espera ue contribuya al fin de esta mala práctica a través de la creación de "directrices nuevas y mucho más claras a seguir por todos".
En sus recomendaciones, el proyecto de informe pide que la Comisión Europea investigue si la nueva Ley de Costas española cumple especialmente las directivas comunitarias sobre Hábitats, Aves Salvajes, la directiva marco de Agua, la de calidad de agua de baño, la directiva sobre gestión de residuos de agua urbanos, la directiva sobre la evaluación de impacto medioambiental, la directiva sobre inundaciones, así como la nueva directiva sobre gestión integral de las zonas costeras y otras normas europeas relevantes.
También recomienda a las autoridades españolas "clarificar de forma ulterior y a respetar los derechos de todos los ciudadanos de la UE afectados y residentes sobre su propiedad legítimamente adquirida", así como que "establezcan un esquema completo y justo de compensación financiera para todos los propietarios legales de propiedades cuyos hogares puedan ser objeto de demolición o expropiación como resultado de la aplicación de la Ley de Costas".
El eurodiputado popular, Carlos Iturgáiz, quien ya avanzó en junio la intención de su partido de presentar enmiendas al informe aunque no ha participado en el debate de este martes, ha criticado que el proyecto de texto hable de la "vulneración de nada menos que siete directivas europeas" cuando el anterior borrador no mencionaba esto sin aportar "argumentos", incluido una normativa europea "que aún no está aprobada" como es la directiva de gestión integral de zonas costeras. Lo considera, también, "incoherente" porque "cuestiona lo que dice el Gobierno, porque da por buenas todas las peticiones de particulares" incluidas en su opinión "barbaridades como que en España se confisca a débiles para entregar el terreno a poderosos para que edifiquen".
También ha criticado que el texto exhorte a las autoridades judiciales a "investigar a agentes privados y autoridades públicas que hayan actuado al margen de la ley" al vender propiedades particulares "como si España fuera una república bananera en la que no se persiguen actuaciones judiciales" o que critique al sistema judicial español por su "lentitud" para resolver los casos de expropiaciones.
Nuevo informe jurídico
Iturgáiz ha avanzado que pedirá "un informe jurídico del Parlamento Europeo sobre los nuevos puntos" tras recordar que en octubre de 2010 los servicios jurídicos "declaraban con total claridad que la Ley de Costas española quedaba fuera del ámbito de competencias de la Unión Europea".
la presidenta de la misión de eurodiputados que visitó España en marzo, la eurodiputada liberal austríaca Angelika Werthmann, ha subrayado la "buena cooperación" con las autoridades españolas durante la visita y se ha mostrado abierta a "incorporar la nueva ley" al informe, tal y como ha reclamado el eurodiputado popular alemán Peter Jahr durante el debate.
La eurodiputada ecológica danesa Margrete Aucken, autora el informe crítico sobre urbanismo en España de 2009, ha subrayado "las preocupaciones" por posible incumplimiento de varias directivas y ha lamentado que la nueva ley de Costas "no haya mejorado" los derechos de propiedad. "Todavía es una ley muy mala, la anterior no era tan mala para el medioambiente, pero no era aplicada", ha defendido.
