Según recuerda Eldiario.es, el CSN ha tomado esta decisión en respuesta a una solicitud remitida por el Ministerio de Industria en la que pedía que estudiase la solicitud de Nuclenor, empresa que gestiona la central de Garoña, para que antes del 1 de junio de 2013 se modificara la orden ministerial para solicitar la renovación de la autorización de la explotación por un periodo de un año, en el que la central se mantenga sin operar a potencia. El CSN ha condicionado la autorización a que Garoña mantenga durante ese tiempo la situación de "parada segura y sin combustible en el reactor".
Greenpeace acusa al CSN de haber tomado una decisión "política" y lamenta la "pérdida de credibilidad" de este organismo. Según ha afirmado el director ejecutivo de la entidad, Mario Rodríguez, "el CSN ha sido obligado por el Partido Popular para que el gobierno tenga una coartada: les han obligado a renunciar a la independencia en la defensa de la seguridad nuclear." En definitiva, la organización ecologista considera que la solicitud de una compañía privada como Nuclenor, propiedad de Iberdrola y Endesa, en defensa de sus intereses económicos, ha prevalecido sobre la protección de la población y el medio ambiente.
Desde Greenpeace, han asegurado que se incluirá de manera inmediata "esta vulneración del proceso reglamentario establecido" en el proceso de denuncia que mantiene abierto ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Industria. El objetivo es "conseguir que se declare la nulidad de la Orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 3 de julio de 2012 de revocación del cierre de Garoña". Este proceso comenzó con la denuncia interpuesta en noviembre de 2012 por la organización ecologista, a la que se sumaron las alegaciones al procedimiento en febrero de este año.
La entidad ecologista ha advertido de que durante los próximos 11 y 12 de junio en Bruselas, cuando se celebrará una conferencia del Grupo de Reguladores de Seguridad Nuclear Europea (ENSREG), se denunciará públicamente la violación del proceso de las pruebas de resistencia de las centrales nucleares y, en particular, los planes de acción nacionales y su aplicación. En este sentido, la responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, ha señalado que "en Bruselas no se va a entender que España vulnere las pruebas de resistencia con Garoña".
