El Real Decreto aprobado hace unas semanas responde a la necesidad de integrar en la normativa española dos directivas europeas, una de 2002 y otra de 2010. Esta última abre la posibilidad de eximir a algunas construcciones de la obligatoriedad de tener estos certificados, a la que se ha acogido el ejecutivo español.
Los certificados de eficiencia energética, que cuestan unos 200 euros, serán requeridos en las viviendas que se vendan o arrienden a partir del 1 de junio, según informa el periódico El País. Este tipo de certificados ya se exigían en España desde 2007 pero únicamente para las construcciones nuevas. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó en 2011 al Estado español a reclamarlos también a los edificios ya existentes, dando así cumplimiento a la directiva de 2002. Las comunidades autónomas serán las encargadas de controlar estos certificados.
El Real Decreto establece también para el horizonte de 2020 la obligatoriedad de que todos los edificios levantados a partir e ese año tengan un consumo de energía casi nulo. Para las construcciones públicas, la fecha se fija en el 2018.
