Hermenegildo Altozano, abogado y director de Programa Superior en Derecho de la Energía de IE Law School Executive Education, explica que la reforma energética llevada a cabo por el Gobierno “se ha quedado en una nueva reforma tributaria” puesto que bajo el título Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética se esconden tres nuevos impuestos, un nuevo canon y la modificación de los tipos impositivos establecidos para determinados Impuestos Especiales. “Junto con la creación de nuevos impuestos y el aumento de tipos impositivos ya existentes, el nuevo Proyecto de Ley abre la puerta para que las actividades reguladas, los costes permanentes de funcionamiento del sistema y los costes de diversificación y seguridad de abastecimiento sean financiados – además de con cargo a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución – con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Por último, el Proyecto de Ley excluye del régimen económico primado (propio de las instalaciones renovables), la parte proporcional de la electricidad producida mediante la utilización de combustibles fósiles por las instalaciones termosolares”, añade Hermenegildo Altozano.
Además el director de Programa Superior en Derecho de la Energía de IE Law School Executive Education augura que los ingresos que derivan de los impuestos no van a ir específicamente destinados a rebajar el déficit tarifario, sino a cumplir objetivos de déficit público. Ante esta situación Altozano augura que los impuestos “van a encarecer la producción de energía eléctrica, que pagarán los consumidores finales, o a tener la inevitable repercusión sobre el aumento del déficit tarifario. Los nuevos impuestos son, además, discriminatorios porque se configuran como impuestos "Robin Hood" (quitarle al rico para darle al pobre) y no tienen en cuenta la capacidad económica del sujeto. El Proyecto de Ley tiene, además, un posible alcance confiscatorio y retroactivo en lo que se refiere a la mutilación del régimen primado para la parte de energía producida por instalaciones termosolares por medio de la utilización de combustibles fósiles. Esta medida supone otro episodio más de inestabilidad regulatoria, alcance retroactivo e inseguridad jurídica que no ayuda a la imagen exterior de España como país estable para acoger inversiones. Uno de los mayores problemas de la regulación de la energía en España es el cambio frecuente de las reglas del juego en mitad de la partida”.
