Según el Observatorio, la movilidad funcional y la modificación sustancial de condiciones de trabajo son los instrumentos más empleados. En total, más del 40% de las casi 300 empresas encuestadas han acudido a cada una de estas dos medidas, mientras que un 28% han utilizado o piensan implementar ambos mecanismos. En este sentido, más de la mitad (55%) de las empresas se sirve de estas dos herramientas de adaptación de su fuerza de trabajo.
Medidas de flexibilidad
El 35% de las compañías de la muestra que han realizado despidos, o tienen previsto hacerlo, combinan los ajustes cuantitativos (suspensiones, reducciones de jornada) con medidas más cualitativas (movilidad, modificación de condiciones, descuelgues). Asimismo, la adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias económicas, técnicas, organizativas y de producción ― ya implique apartarse del convenio aplicable (“descuelgue”) o no (“modificación sustancial de condiciones de trabajo”) ― se sitúa en el 45,6% de las empresas encuestadas.
En relación a los descuelgues, la mayoría se han empleado para afectar al salario (un 69% de las empresas entrevistadas) y la jornada y horario de trabajo (42,3%), mientras que la afectación simultanea de varias condiciones presenta menor frecuencia (23%).
Aunque no puede apreciarse con claridad el impacto que están teniendo las medidas establecidas en materia de contratación, el Primer Observatorio de Seguimiento de la Reforma Laboral concluye que se perciben algunas orientaciones positivas con el incremento de las contrataciones a tiempo parcial en las empresas con plantillas inferiores a 50 empleados y con el posible aumento, en los próximos tres meses, en el número de contratos formalizados.
En este sentido, un 21% de las empresas encuestadas afirman que nueva regulación en materia de contratación a tiempo parcial ha incrementado o podría incrementar en los próximos tres meses el número de contratos formalizados. Porcentaje que, en el caso de las compañías mayores, se reduce al 9,4%. Es importante destacar que, en un 16% de los casos en que las empresas declaran un mayor uso del contrato a tiempo parcial, también se reconoce una contratación en la modalidad de aprendizaje y formación.
Por su parte, la mitad de las empresas han afirmado haber abonado indemnizaciones superiores a 20 días por año y hasta los 33 días. Además, un 25% de la muestra precisa haber pagado por encima de los 45 días, que era el máximo exigido por la ley antes de las modificaciones del RD-L 3/2012.
