La EGA, que reúne a las principales empresas del sector que operan en la comunidad, continua negociando con la Consellería de Industria para intentar que la Xunta deje de obligar a los promotores de parques a abonar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que grava las concesiones a razón de 40.000 euros por megavatio otorgado.
Según por Íñigo Muniozguren, secretario general de EGA, este tributo está provocando que la construcción de instalaciones eléctricas se paralice ya que las promotoras que reciben autorizaciones para montar nuevos parques están recurriendo los expedientes de Hacienda ante el Tribunal Económico Administrativo Central.
EGA considera que una autorización administrativa no es una concesión y por eso es un “error” que Hacienda trate de aplicar el impuesto a los promotores eólicos. Muniozguren explicó que Industria parece empezar a asumir los argumentos de los empresarios y a entender las repercusiones -paralización de nuevas instalaciones-. Aun así, Hacienda continua aplicando el impuesto a todas las empresas autorizadas, tanto las que cuentan con autorización desde hace años como las que la han recibido más recientemente.
