La sentencia, además, contraviene la Constitución del país, que prohíbe la condena a muerte de mujeres embarazadas o lactantes. Además, Amnistía Internacional, basándose en el derecho internacional, se opone a que nadie pueda ser condenado a muerte por mantener relaciones sexuales consentidas entre adultos.
Con el objetivo de evitar la ejecución a pedradas de Layla, que en la actualidad permanece encadenada con grilletes junto a su hijo de seis meses, Amnistía Internacional ha iniciado
una campaña de recogida de firmas para exigir a las autoridades de Sudán que detengan la ejecución y liberen a Layla.
