Más de treinta activistas de la organización ecologista instalaron ayer su "playa privada" en la puerta principal del ministerio, para lo que utilizaron una tonelada y media de arena y desplegaron pancartas para reclamar el uso público de la playa. También pusieron signos de interrogación al nombre de "Ministerio de Medio Ambiente", en la puerta principal del edificio.
"En este anteproyecto de Ley se renuncia a la protección ambiental, no incorpora términos como biodiversidad o espacios naturales protegidos, sólo habla de obras, instalaciones, usos y autorizaciones, y cede un terreno de alto valor ambiental y social a la especulación, otorgando suelo público a concesiones privadas que van más allá del año 2100. No existe ni una sola medida de protección del litoral", ha subrayado Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace.
La organización ecologista denuncia que el Gobierno permite una reforma que servirá "de traje a medida a los particulares y empresarios que han perdido pleitos por deslindes o invadir el domino público marítimo-terrestre", y subraya que la posibilidad de poner a la venta dichas instalaciones fomentará la especulación.
Por ello, Greenpeace pide que se retire el anteproyecto de Ley, pues consideran que no protege hábitats hasta ahora protegidos (como las dunas muertas y con vegatación), limita la definición de marismas excluyendo las del Mediterráneo y privatiza las salinas. Asimismo, consideran que las concesiones de 75 años son sinónimo de otorgarlas para siempre y se impide la recuperación del litoral, entre otros muchos motivos.
La organización ecologista llama a la movilización social a través de la "Plataforma no a nuestra costa" que conforman más de 200 organizaciones y pide la protección de la actual Ley de Costas. En el marco de esta plataforma, Greenpeace convoca a la ciudadanía para que participe en próximo 28 de julio en el Día de Acción Global en defensa de las playas.
