La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), que agrupa 17 federaciones de médicos de família de toda España y cuenta con más de 19.000 afiliados, emitió ayer un comunicado en el que mostró su "disconformidad con las medidas adoptadas en el Real decreto Ley 16/2012" aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. En la nota, que se puede leer en su página web, se insta a los médicos de atención primaria a no acatar la medida aprobada en el decreto de no atender a los pacientes inmigrantes que se encuentran en situación irregular y les insta a recurrir a su derecho de objeción de conciencia.
El texto hecho público por la semFYC comienza refiriéndose al dilema ético al que se enfrentarán los médicos a partir del próximo mes de septiembre, cuando tendrán que dejar de atender a sus pacientes que no tengan los papeles en regla: "La situación generada por la retirada súbita del derecho a la asistencia sanitaria completa del Sistema Nacional de Salud a personas sin permiso de residencia que hasta ahora tenían derecho plantea cuestiones en las que existen conflictos éticos, que afectan a los médicos de familia tanto en su condición de profesionales como de ciudadanos", dice.
Los médicos de familia consideran que no pueden dejar de atender a personas que antes eran sus pacientes, ya que eso va en contra del "código deontológico médico y las normas médicas internacionales". Por ello, la semFYC, tras encargar un informe a su grupo de Trabajo de Bioética, ha decidido posicionarse en contra de esta medida incluída en el Real decreto Ley 16/2012.
De esta forma, han anunciado que seguirán presionando para que el Gobierno modifique la ley aprobada el pasado abril y que crearán un registro de médicos de familia alrededor de la objeción de conciencia para que se adhieran, libremente y a título individual, todos los miembros que se opongan a dejar de atender a us pacientes.
La semFYC ha querido destacar que su posición está basada en criterios estrictamente profesionales, ya que creen que "la lealtad al paciente es la que debe prevalecer".
Hay que tener en cuenta que Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco ya han dicho que seguirán atendiendo a los pacientes
