La reforma sanitaria aprobada por el Partido Popular mediante el Real Decreto Ley 16/2012, que entró en vigor el pasado día 1 de julio, ha recibido un amplio rechazo social, principalmente por la introducción del copago farmacéutico, pero también por la limitación del acceso a la sanidad a los inmigrantes que no tienen los papeles en regla.
Por esta razón, Amnistía Internacional, en colaboración con Médicos del Mundo y Red Acoge, ha puesto en marcha una campaña para recoger firmas en la que se exige a las Comunidades Autónomas que no apliquen las medidas aprobadas por el Gobierno central relativas a la restricción del acceso a la sanidad de los inmigrantes mayores de edad en situación irregular, ya que considera que esto atenta contra los derechos humanos.
Según la nota informativa publicada en su página web, "la reforma sanitaria introducida por el Real Decreto Ley 16/2012 puede costar vidas."
"La limitación del acceso a la atención sanitaria para las personas migrantes mayores de edad en situación irregular a la modalidad de urgencias y a la asistencia al embarazo, parto y posparto, así como el retroceso en la universalidad del acceso a la atención sanitaria para las personas españolas constituyen medidas regresivas y discriminatorias. Además de vulnerar obligaciones internacionales, tienen un gran impacto sobre el derecho a la vida de las personas", dice el texto.
Amnistía Internacional cita al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que ha recomendado a España no limitar el acceso a los servicios sanitarios, e insta a las Comunidades Autónomas a "garantizar el acceso y disfrute del derecho a la salud de todas las personas, y dar cumplimiento así a sus obligaciones internacionales".
