La Cumbre de Río+20 no ha sido precisamente un éxito de compromiso de los gandes países por tomar medidas concretas contra la contaminación y la protección de los recursos naturales, pero esta cumbre internacional ha servido para que algunos países aporten puntos de vista positivos que vale la pena resaltar.
Es el caso de Costa Rica, que aprovechó la ocasión para exponer los resultados de su Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA), un proyecto que nació tras la Cumbre de Río de 1992 y que después de 20 años parece haber producido unos resultados muy satisfactorios.
Se trata de un modelo que se basa en un sistema sencillo: las comunidades que se aprovechan de los recursos naturales pagan a los propietarios de bosques y terrenos que hacen posible el mantenimiento del medio natural y garantizan la conservación de los recursos como el agua.
De esta forma, se incentiva a los propietarios de los terrenos en los que se sitúan los recursos para que los conserven, pagándoles por el servicio que hacen a las comunidades que se benefician de esos recursos. El dinero se recauda mediante tasas en el consumo del agua o del carbón, y esto evita que esos terrenos se utilicen para otros fines como la edificación de resorts hoteleros u otras actividades que dañarían el entorno natural.
Esta política no es perfecta, puesto que el aumento del precio del suelo hace que los pagos que reciben los propietarios por mantener los recursos naturales sean inferiores a lo que podría recibir por vender o arrendar sus terrenos para otros fines, pero es una forma de incentivar el buen uso y mantenimiento de los recursos naturales.