Greenpeace considera irresponsable que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo plantee la reapertura de la central nuclear de Garoña porque el riesgo que supone está demostrado; porque es una instalación amortizada; porque las pruebas de resistencia de la Unión Europea no han terminado; y porque los consumidores pagan a Endesa y a Iberdrola, propietarias de la central, el precio más caro del mercado por la electricidad que produce. Por ello, Greenpeace afirma que la ampliación de la explotación de Garoña es contraria a la protección y gestión de la seguridad de la ciudadanía, y a los intereses económicos y energéticos de España.
"Si el Gobierno reabre Garoña todos los riesgos los asumimos los ciudadanos y todos los beneficios se los queda Iberdrola y Endesa", ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace. "No podemos seguir arriesgando el futuro y el medio ambiente de todos solo para continuar enriqueciendo a unos pocos que no defienden nuestros intereses".
Greenpeace ha llevado a cabo esta acción días después de que haya presentado las alegaciones al proyecto de orden de revocación de la Orden Ministerial que establece el cierre de Garoña para el 6 de julio de 2013. Asimismo, coincide con la ampliación del plazo de revisión más detallada de las pruebas de resistencia, promovida por la Comisión Europea, después de que haya indicado que "el proceso se prolonga para llevar a cabo nuevas inspecciones y para proponer medidas para mejorar la independencia de los reguladores nacionales a nivel europeo".
La organización ecologista recuerda que los datos confirman la inseguridad de la energía nuclear. Según un estudio del Instituto Max Planck, publicado el pasado 12 de mayo, un accidente nuclear catastrófico como el de Fukushima o el de Chernóbil puede producirse en algún lugar del mundo una vez cada 10 o 20 años. Greenpeace incide en que el proceso de las pruebas de resistencia a las centrales nucleares, incluida Garoña, está sin verificar, sin implementar y sin concluir. Y, en caso de accidente, la contaminación ambiental puede afectar no solo a áreas próximas a la central, sino a grandes distancias, tal y como se observa en simulaciones realizadas, en cuyo caso, ni las normativas, ni los planes de emergencia están preparados.
Greenpeace denuncia que la reapertura de la central nuclear de Garoña únicamente satisface los intereses económicos de Endesa e Iberdrola y supone que la ciudadanía asuma el riesgo ambiental, social y económico que esto significa.
Por último, destaca que un modelo energético basado en la eficiencia, en la inteligencia y 100% renovable es técnicamente viable, y mucho más favorable desde el punto de vista económico, de impacto ambiental y de ocupación del territorio. El ahorro económico total de aquí a 2050 sería de más de 200.000 millones de euros al año de media, diez veces más de lo que nos perdemos cada año por importar petróleo.
