La solución que propone la ley es el establecimiento progresivo, bajo sanción de multa si se incumple, de una cuota del 40% de mujeres entre los altos funcionarios designados anualmente. Es decir, que alrededor de 5.000 puestos de trabajo se verán afectados por la aplicación de estas cuotas, según informa Le Figaro.
El decreto, que se autodenomina “relativo a las modalidades de equilibrio en la alta dirección”, especifica el procedimiento de la ejecución. Se estipula que las sanciones que deben pagar los diferentes empleadores, según si es el Gobierno o otras empresas públicas, será gradual hasta llegar a los 90.000 euros por “cada unidad que falte”, es decir, por cada mujer que no se llegue al 40%.
Para Sauvadet, esto supone “una revolución para el servicio civil senior”, y pondrá “fin a la desigualdad fragrante”, ya que actualmente solo el 15% de mujeres llegan a puestos de responsabilidad, algo que le parece “inaceptable” al ministro. Sauvadet ha calificado el texto como uno de los más emblemáticos de su ministerio y ha querido destacarlo como una señal de modernización para el presidente electo este fin de semana.