Para Transparencia Internacional España la nueva Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno puede constituir un avance social muy importante y un cauce fundamental para mejorar la participación ciudadana y la calidad democrática de España. Asimismo esta organización ha calificado de “importante y significativo” que el gobierno español haya optado por un proceso de consulta pública en el que los ciudadanos puedan opinar sobre este Anteproyecto de forma previa a su tramitación parlamentaria. No obstante, según manifiesta Transparencia Internacional España en su escrito remitido al Ministerio de la Presidencia, “se garantiza muy poco el cumplimiento de esta Ley ya que no se contempla en el texto un verdadero y efectivo sistema independiente de control, de infracciones y sanciones, y de garantía de que se lleguen a cumplir las distintas normas legales contenidas en la misma, sobre todo las relativas a la transparencia de la actividad pública”.
Entre las aportaciones realizadas por Transparencia Internacional España destaca que el “silencia administrativo negativo” que se establece en el Anteproyecto respeta muy poco el derecho de los ciudadanos a tener una respuesta explícita por parte de la Administración “El problema no es el silencio administrativo positivo o negativo, el problema es el silencio administrativo. En el siglo XXI no tiene justificación ni fundamento que la respuesta del estado sea el silencio. Es una disfunción grave del estado y es un comportamiento que ya no tiene justificación puesto que hay recursos tecnológicos y humanos suficientes y adecuados para dar respuesta y por lo tanto son conceptos que se tienen que r erradicando para mejorar la calidad de la democracia”, ha comentado Jesús Sánchez Lambás, director general de la Fundación Ortega-Marañón.
Además el Anteproyecto de Ley no contempla explícitamente en el texto ningún tipo de infracciones ni de sanciones a políticos y funcionarios públicos por el incumplimiento de las normas de transparencia. En este sentido, el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, Manuel Villoria, ha afirmado que “si la Administración no publica los datos en el Portal de Transparencia no se dice nada de quién será responsable ni qué le pasará. Es decir, ahí hay todo un sistema de sanciones y responsabilidades que se debería mejorar porque si no ya sabemos que muchas de las normas que se establecen este país no se cumplen porque no hay un sistema sancionador ni de control detrás”.
En definitiva, según el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, “tal como esta el texto previo al Anteproyecto se garantiza muy poco el cumplimiento de esta Ley por el hecho de que se establezca un silencio administrativo, no haya un sistema de sanciones o no exista un órgano independiente con mandato parlamentario que pueda establecer sanciones tal y como pasa en otros países. El órgano que se ha establecido es una ampliación de una agencia que ya existe y no es independiente puesto que lo nombra y lo cesa el presidente del gobierno”.
