La LISMI está vigente desde el 7 de abril de 1982. Esta ley obliga a las empresas tanto privadas como públicas a reservar un 2% de los puestos de trabajo a personas con alguna discapacidad (empresas de más de 50 trabajadores).
Esta campaña se apoya en los siguientes principios: Todas las personas discapacitadas tienen derecho al trabajo, reconocemos la integración social y laboral de las personas con discapacidad y reconocemos a las organizaciones que lo hacen posible.
Esta campaña incluye un libro con testimonios de personas discapacitadas que se enfrentan a su vida laboral. Los trabajos que realizan son los habituales en cualquier organización, pero sus empresas se han comprometido con estas personas, facilitando unas condiciones adaptadas a sus necesidades concretas.
