El convenio establece un marco de colaboración entre ambas instituciones mediante la creación de un Registro de abogados Pro bono que deseen así trabajar desinteresadamente en causas de interés público y en defensa del principio de legalidad, y en concreto, en aquellos casos vinculados al derecho de los ciudadanos a la información relacionada con los poderes públicos.
El convenio es similar al que Transparencia Internacional España formalizó el año pasado con el Colegio de Abogados de Madrid, ampliándose ahora el ámbito de afectación a nivel nacional, ya que el Consejo General de la Abogacía engloba a todos los Colegios de Abogados de España.
