El espacio se dedicó a debatir los detalles del sistema que existe actualmente para la integración laboral de personas con discapacidad y los preceptos legales que contempla la LISMI.
En su intervención, Alejandro Jover explicó las principales conclusiones del informe sobre la situación de los centros especiales de empleo en España, realizado por el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (Inico) de la Universidad de Salamanca. Este informe, realizado a instancias del gobierno, contempla algunas propuestas de cambio en la naturaleza y la gestión de los centros especiales de empleo. Al respecto, Jover comentó que “algunas de estas propuestas deberían ser revisadas para asegurar que los centros especiales de empleo no pierden ninguna de sus principales finalidades: la integración: asegurar un empleo remunerado para las personas con discapacidad, prestar servicios de ajuste personal y social y ser medio de integración al régimen de trabajo normal”.
Por su parte, Jorge Pérez comentó como la actual legislación, que obliga a la reserva de empleo, es un mecanismo incentivador de la integración laboral de las personas con discapacidad. Para Pérez, la LISMI es una “norma muy especial, con una gran vocación social y muy ambiciosa para el año 82 (año en que entró en vigor)”. No obstante, comentó la existencia de ciertos parámetros y aspectos de la legislación que imposibilitan una definitiva y eficaz integración.
Según sus palabras, “no se trata de buscar la igualdad, sino la igualdad de oportunidades”. Apuntó también que, a día de hoy, solo un 16% de las empresas de más de 50 empleados, cumplen con la LISMI y la importancia de que las administraciones públicas definan coherentemente las consecuencias de no cumplir con la ley para conseguir una integración total.
