“El total de la inversión de los fondos representados en la demanda supera los 3.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que la reducción de las tarifas es del 30% y afecta con carácter retroactivo a tres años, el daño sobre la facturación de las instalaciones solares gestionadas por esas firmas se calcula en 400 millones”, apunta el diario online.
Las empresas demandantes -AES Solar, Ampere, Elemento Power, Hazel Capital, HgCapital, Hudson Clean Energy, Impax, NIBC Infraestucture, Platina y 9/Ren, entre otras- ya hicieron llegar una carta el Ejecutivo en junio del año pasado en la que alertaban sobre el impacto en la seguridad jurídica que tendría la medida.
El tribunal de arbitraje de Londres ya ha recibido las notificaciones de este grupo, que se acoge al Tratado sobre la Carta de la Energía. Una vez presentadas, se abre un período de tres meses para que el Gobierno español se avenga a negociar. El plazo para llegar a una solución pactada acaba el 8 de junio, fecha a partir de la cual se abrirá el proceso y será el momento de plantear una reclamación específica. El tribunal dispondrá entonces de 18 meses para pronunciarse y su fallo será definitivo y vinculante para las partes.
Los fondos internacionales han optado por recurrir al Tratado para evitar un largo pleito en manos de la justicia española. Será la primera vez que un país desarrollado sea demandado ante una corte de arbitraje en base a la Carta de la Energía.
