El jurado ha valorado el compromiso de la compañía -que ya fue finalista en la primera edición del premio en 2004- con los criterios de la responsabilidad social, que ha seguido impulsando y ha logrado extender a todo su grupo empresarial.
El acto de entrega del galardón se celebró con la presencia de José Ángel Biel, Vicepresidente del Gobierno de Aragón; y Arturo Aliaga, Consejero de Industria, Comercio y Turismo. Por parte de DKV Seguros asistieron Josep Santacreu, Consejero Delegado del Grupo DKV; José Luis Montañés, Director Territorial de Aragón–La Rioja; y Jorge Díez–Ticio, Director de RRHH.
En el discurso de agradecimiento, Josep Santacreu destacó que “para la compañía, la responsabilidad empresarial es un eje estratégico y creemos firmemente que es posible conjugar el desarrollo económico con el crecimiento sostenible. Un ideal que hemos materializado en proyectos como la creación de la Fundación DKV Integralia; la compensación de emisiones de CO2; el Plan Igualdad y de Conciliación laboral y familiar para empleados; la colaboración de más de una década con Intermón Oxfam; o el apoyo al programa Thao contra la obesidad Infantil, entre muchos otros”. Además, anunció el establecimiento de una nueva sede de la Fundación DKV Integralia, la entidad sin ánimo de lucro creada por la aseguradora hace una década, en Zaragoza antes de finalizar 2011.
Aragón, pionera
El Premio Aragonés a la Responsabilidad Social de las Empresas tiene carácter honorífico y pretende distinguir a las empresas que han demostrado en su gestión preocupación por la adquisición y puesta en marcha de compromisos de la responsabilidad social. La adopción de criterios de responsabilidad social en el ámbito empresarial conlleva la formalización de políticas y sistemas de gestión en los ámbitos social, económico y medioambiental. También supone transparencia informativa respecto de los resultados alcanzados en tales ámbitos, así como el análisis externo de los mismos.
Con la instauración, hace cinco años, de este premio el Gobierno de Aragón fue la primera administración autonómica española en introducir en 2002 mecanismos de apoyo público a la adopción de criterios de responsabilidad social por parte de las empresas.
