En la actualidad, más de 8.000 entidades de 130 países, 1.125 en España, se han comprometido a integrar diez principios fundamentales relacionados con los derechos humanos y laborales, el medio ambiente o la lucha contra la corrupción, considerados por la ONU como palancas clave para alcanzar la estabilidad socioeconómica y la contención del cambio climático a nivel mundial.
En la práctica, esto ha significado para Caixa Galicia el despliegue de una estrategia de RSC que ha girado sobre dos grandes ejes. Por un lado, promover buenas prácticas en ámbitos tan dispares como las relaciones laborales, gestión de proveedores, impacto ambiental o inclusión financiera, entre otros.
En este sentido, Caixa Galicia ha elaborado un código de conducta con los derechos y obligaciones reconocidos por la entidad, ha aprobado un Plan de Igualdad, obtenido la certificación OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) en seguridad laboral y ha puesto en marcha un protocolo de protección contra el acoso para sus profesionales.
La inclusión de cláusulas sociales y ambientales para asegurar la legalidad y conducta ética de todos sus proveedores y contratistas; un sistema de gestión ambiental que ha permitido reducir, entre otros aspectos, un 25% las emisiones de CO2 a la atmósfera; un servicio financiero ajustado al perfil demográfico y geográfico de sus clientes, con un 27% de sus oficinas en poblaciones con menos de 10.000 habitantes y un servicio multicanal y tecnológico reconocido entre los más accesibles, seguros y eficientes del sistema bancario europeo son algunos de los hitos alcanzados por Caixa Galicia en su política de Responsabilidad Social Corporativa.
El segundo eje básico de la estrategia de RSC de Caixa Galicia ha pivotado sobre la transparencia y el apoyo a las principales iniciativas de normalización de la información no financiera. Destaca en este sentido la posibilidad de consultar el último informe de RSC en formato XBRL (eXtensible Business Reporting Language), el mismo lenguaje tecnológico utilizado en las comunicaciones dirigidas al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que garantiza que la información ofrece las máximas garantías de transparencia y comparabilidad.
