Los contratos a partir de ahora, incluirán una cláusula donde cada proveedor “manifiesta su voluntad de cumplir con la normativa vigente relativa a la cuota de reserva de empleo para trabajadores con discapacidad”. Además “en el plazo máximo de seis meses desde la firma del contrato” la empresa se “obliga a presentar la declaración responsable de cumplimiento de la normativa vigente para la contratación directa o indirecta” de personas con discapacidad, por lo que si se da un caso de incumplimiento de la ley pasado ese tiempo, las relaciones Acciona-proveedor pueden finalizar.
Esta iniciativa es la primera piedra en el camino que se debe recorrer por cumplir y mejorar las exigencias legales en materia de contratación de personas con discapacidad, según afirma la propia empresa constructora. Involucrando a los proveedores y subcontratistas, el efecto de estas políticas se convierte en expansivo. La propia Acciona cuenta con un 2,47% de discapacitados entre sus empleados, además de tener acuerdos con Fundación ONCE y otras organizaciones de personas con discapacidad.
