La principal novedad de la Ley de Responsabilidad Medioambiental es que señala la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria, antes del 1 de noviembre de 2018 para las actividades clasificadas con el nivel de prioridad 1, y antes del 1 de noviembre de 2019 para las consideradas con el nivel de prioridad 2.
La garantía financiera es un instrumento que certifica que el operador disponga de recursos económicos suficientes para hacer frente a la responsabilidad medioambiental derivada de su actividad.
Según explican desde AIG, la propia ley establece tres modalidades para ello: “una póliza de seguro suscrita con una entidad aseguradora autorizada para operar en España; un aval, concedido por alguna entidad financiera autorizada para operar en España; o una reserva técnica mediante dotación de un fondo, con materialización en inversiones financieras respaldadas por el sector público”. Deberá cubrir tanto la prevención de daños como la reparación de los que origine la actividad de la empresa.
En este sentido, la póliza de AIG "se caracteriza por la flexibilidad, que permite a cada empresa contratar la póliza según sus necesidades". De este modo, la cobertura básica contempla: contaminación accidental y gradual, costes de limpieza, daños a terceros (personales y/o materiales), costes de aminoración/evitación, costes de prevención, daños a los recursos naturales, costes de defensa y fianzas. De forma opcional, se puede contratar: transporte, interrupción del negocio y actividades en instalaciones de terceros.
La publicación de la orden ministerial que desarrolla la citada ley era algo esperado por las aseguradoras. “El mercado asegurador ha sido hábil y ágil, tomando la delantera en la parte de la garantía financiera y ha sabido ofrecer productos con potentes coberturas”, según José Luis Lorenzo, director de Responsabilidad Medioambiental de AIG Iberia, quien prevé que la contratación de una póliza de seguro será la opción que adoptarán la mayoría de las empresas afectadas, “pues es la modalidad más cómoda y la única que supone una transferencia real de los riesgos medioambientales de los operadores”.
Además, Alejandra Redondo, responsable de Siniestros del Departamento de Medio Ambiente de AIG Iberia, considera que la aprobación de esta nueva orden “podría ayudar en cierto modo a fomentar y animar a las administraciones” en la aplicación de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, ya que, “pese a que su aplicación ha sido exigua, gracias a ella se ha conseguido incentivar a las empresas a que evalúen y transfieran sus riesgos ambientales”.
