Entre los ‘indicadores’ que tendrán en cuenta para analizar el compromiso y transparencia de las empresas sobre este tema se incluyen cuestiones como las relaciones con la CNMC, los programas de cumplimiento, las competencias del consejo de administración, la existencia de un modelo de gestión de riesgos específico en temas relacionados con la defensa de competencia o la transparencia a la hora de informar sobre los expedientes sancionadores abiertos contra la empresa, entre otros asuntos.
Martín Cavanna aprovechó la jornada para resaltar que las grandes empresas españolas son muy opacas a la hora de informar de estos temas. “Resulta muy significativo que hasta el momento sólo dos grandes empresas del IBEX 35 –Telefónica y Red Eléctrica- se hayan dado de alta en el Registro de los Grupos de Interés (más conocido como registro de lobbies). Un registro que, precisamente, se puso en marcha para habilitar un cauce y permitir una relación completamente transparente con los grupos de interés y tratar de limitar la posibilidad de influencias improcedentes o, simplemente, contrarias o no alineadas con los intereses generales”.
En esa jornada, José María Marín Quemada, presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), señaló durante la presentación de las mismas la necesidad de respetar el fair play entre las empresas porque “la economía de amigos tiene un compañero muy malo de viaje que es la corrupción”. Marín Quemada destacó la importancia de la transparencia en los sistemas de cumplimiento (compliance) y en las memorias de RSC y solicitó a las empresas que no solo expliquen sus programas de acción social o impacto medioambiental, sino que publiquen también las sanciones que reciben de Competencia y las medidas tomadas para prevenirlas.
La jornada se completó con dos mesas redondas. La primera moderada por Luis Ávila, consejero delegado de Legal Compliance, en la que se analizó la situación actual de los programas de cumplimiento en muchas empresas.
Casto Gonzalez-Páramo, responsable del Área de Competencia de Hogan Lovells International LLP, recordó que “todavía muchas empresas ven el programa de cumplimiento como algo pasivo; algo que se firma y ahí termina. Es mucho más, es sentarse con los directivos, ver cómo interactúan con proveedores, con sus clientes... es hacer una radiografía de la empresa para luego hacer el programa de cumplimiento”.
Antonio Guerra Fernández, socio de Uría Menéndez, señaló que, a pesar de que el coste reputacional por las infracciones en materia de competencia es muy importante para las empresas, esto no se traduce, según su experiencia, en “una oleada de programas de cumplimiento”. Estos programas necesitan ser reforzados con “un fuerte compromiso desde arriba, la creación del compliance officer y las sanciones”.
Guillermo Guerra, socio del Despacho Gómez-Acebo & Pombo, destacó la responsabilidad que tienen el consejo de administración a la hora de supervisar estos riesgos, un tema del que muchas empresas siguen sin ser conscientes. Por su parte, Paola Gutierrez-Velandia, principal, regional head of Board Services, Iberia & Latam en Pedersen & Partners, moderó la mesa de empresas que compartieron su experiencia.
Marta Marañón Hermoso, responsable de Derecho de la Competencia y Comunitario en Endesa, subrayó la necesidad de un “compromiso firme del consejo de administración”, añadiendo que “debe trasladarse a toda la empresa, incluidos los proveedores”. “La implantación de este tipo de programas de cumplimiento dan credibilidad, imagen y repercuten en la cuenta de resultados”, concluyó.
Juan Montero, director de Competencia, Regulación y Privacidad del Grupo Telefónica, señaló la relevancia que tienen herramientas como los programas de cumplimiento, el asesoramiento jurídico y “la vocación de cumplimiento” para trabajar “con la tranquilidad de estar en una empresa sana”.
Por su parte, Laura Grande, core Compliance leader en Working Capital Solutions General Electric, se sumó a la idea de Gutierrez-Velandia de que “la figura del compliance officer no se interpone en los negocios de las empresas, sino que ayuda a hacerlos de manera legal”. “La función del compliance es ayudar a que la empresa tenga un crecimiento sostenible”, ha añadido Grande.
María López Escorial, presidenta de la Fundación Compromiso y Transparencia, cerró la jornada recordando que hay “una oportunidad de los sistemas de cumplimiento” y que las empresas deben “hacer un ejercicio de creatividad para ir más allá de lo que piden los sistemas regulatorios, porque parece que las leyes siempre llegan tarde”.
