En relación con la política exterior las organizaciones de Comercio Justo solicitan que en los acuerdos comerciales que suscriba el próximo Gobierno de España o la Unión Europea con terceros países se equilibren los intereses económicos con la defensa de los Derechos Humanos, laborales y medioambientales. Además piden que se impulse el papel de las embajadas y delegaciones europeas en el desarrollo del Comercio Justo, así como la promoción de convenios bilaterales con otros países con la finalidad de fortalecer el Comercio Justo y la economía solidaria.
En cuanto a la legislación, una de las medidas más destacadas se refiere a que las compras y contrataciones de las administraciones públicas tengan en cuenta los aspectos sociales y medioambientales, y no únicamente el precio. En este sentido las organizaciones solicitan que la ley de contratos del sector público que se está tramitando impulsen de manera efectiva la Compra Pública Ética y el Comercio Justo. Además, piden que se fomente el consumo de estos productos en los servicios internos de las administraciones públicas (cafeterías, restaurantes, máquinas de vending…).
Otro aspecto importante que solicitan las entidades es que el Comercio Justo se incluya como una línea de acción dentro de la política estatal de cooperación al desarrollo, dado que a lo largo de su trayectoria de más de 60 años, el Comercio Justo ha demostrado que es una eficaz herramienta de lucha contra la pobreza. Otras iniciativas propuestas son la modificación de la ley de la economía solidaria aprobada en 2011 de manera que salga reforzada esta alternativa económica, o la aplicación de una fiscalidad positiva a los productos
elaborados con criterios sociales y medioambientales.
Por último, las organizaciones solicitan apoyo para desarrollar acciones de información y concienciación en torno al consumo responsable y el Comercio Justo dirigidas a ciudadanosas y empresas, así como fomentar la educación de niños y niñas como ciudadanos-as críticos responsables.
