“Ésta es la realidad contra la que lucha cada día la Fundación Novaterra”, destacó la pasada semana Francesc Pons de Paula, vicepresidente de la entidad, lo que los ha llevado a elaborar un manifiesto con 50 medidas concretas con el que prenden “obtener el compromiso de los partidos políticos antes de las elecciones autonómicas y municipales para tomarse en serio este asunto una vez las ganen”, remarcó.
“La situación es sangrante e insostenible para demasiadas personas y para la sociedad valenciana. Los partidos políticos tienen grandes desafíos para recobrar la confianza de los votantes, gobernar y liderar el cambio en la sociedad valenciana, y para ello es fundamental la interlocución con la ciudadanía y con las organizaciones del entorno para hacer frente a estos problemas que afectan cada día a más personas”, destacó Francisco Cobacho, presidente de la entidad. “Queremos ser tomados como interlocutores válidos, ya que hasta ahora no nos han tenido en cuenta”.
Entre las medidas destinadas a la Administración pública destacan los firmantes dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la prioridad absoluta es la elaboración de un “Plan Autonómico de Lucha contra la Marginación y la Exclusión Social” que de consistencia y articule todas las medidas y políticas llevadas a cabo. En segundo lugar, es fundamental “priorizar la contratación entre los proveedores de la Administración de empresas sociales de inserción” e “integrar en los pliegos de contratación pública clausulas sociales que prioricen a estas empresas en los concursos públicos”. En este sentido, los firmantes del Manifiesto también reclaman “la reserva de plazas para personas provenientes de programas de inclusión social, tanto en empleo público como en el privado”.
En este Manifiesto la Fundación Novaterra hace un llamamiento también al empresariado valenciano para que se sume a la integración de la inserción social y la gestión de la diversidad entre sus plantillas. Entre las medidas concretas que plantea el Manifiesto se encuentran la elaboración en colaboración con las organizaciones empresariales de campañas de sensibilización y formación en la materia, las ventajas fiscales y ayudas a la contratación, la adecuación de los convenios laborales a la realidad de estas personas, y el fomento de la formación de gerentes y emprendedores de empresas sociales y empresas de inserción.
Por último, el Manifiesto propone una serie de medidas para las organizaciones dedicadas a esta cuestión. Entre ellas, la necesaria creación de una Plataforma de entidades que actúe de forma coordinada y como interlocutor con el resto de agentes implicados.
Entre las propuestas también destaca la creación del Observatorio de lucha contra la exclusión social, un observatorio participado por el gobierno regional, la federación de municipios y provincias y las entidades especialistas en la materia, que analice la situación actual del mercado y permita adaptar los planes formativos y de acción a las necesidades reales de las empresas. “Sólo así será posible acabar con estos números escandalosos en los que nos encontramos y poder ofrecer a nuestros ciudadanos una vida digna”, ha concluido Cobacho.
