El Código Penal español admite en su artículo 156.2 la posibilidad de la esterilización forzosa o no consentida para personas incapacitadas judicialmente. Según explica el Comité, los tratados internacionales reconocen que todas las personas con discapacidad deben ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones, y por lo tanto, es una obligación para los poderes públicos el protegerles “sin injerencias indebidas”. El comité denuncia que las prácticas esterilizadoras no consentidas por la propia persona sin posibilidad alguna de suplir su voluntad, aunque sea judicialmente, “son una aberración inconcebible en el Estado Social de Derecho en el que vivimos”.
En una carta dirigida al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el Cermi explica que “lo que nuestro Código Penal tipifica como indeseable para todas las personas, algunas instancias, superadas por el tiempo y el avance de la dignidad, lo quieren justificar para aquellas que tengan una discapacidad, al amparo de un interés legítimo, que sólo responde a la ignorancia y desidia en poner los medios para que las personas con discapacidad puedan tener la decisión plena sobre su salud sexual y su capacidad reproductiva y de tener descendencia”.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ya se ha manifestado al respecto, descartando eliminar el artículo 156.2 del Código Penal porque considera que no se trata de una vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. No obstante, Cristina Coto del Valle, directora de gabinete del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado en una carta dirigida al presidente del Cermi que se estudiará la regulación de un “procedimiento especial” para estas prácticas.
Según la carta, Justicia considera que “la esterilización de una persona incapaz realizada con autorización judicial, otorgada por concurrir los elementos justificadores de carácter material y formal definidos en la Ley, y tomando como criterio rector el mayor interés de la persona que sufre graves deficiencias físicas, no supone ir en contra de los principios de la Convención”. Coto del Valle añade que esta despenalización sólo existe cuando la persona no puede prestar consentimiento libre e informado, y afirma que la regulación es susceptible de mejoras.
Una práctica controvertida
Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia y distintos países de la Unión Europea contemplan también la posibilidad de esterilizar a las personas discapacitadas sin su consentimiento. Ana Peláez, comisionada de género del Cermi, denuncia que esta práctica es un tema incómodo, que carece de estadísticas y no siempre se denuncia. Peláez declaró que “la forma de evitar embarazos es muy amplia, no podemos usar mutilaciones”, y señaló que una de las consecuencias de esta medida es una mayor exposición al abuso sexual, ya que el abusador sabe que no habrá consecuencias visibles de sus actos.
Según recoge el Cermi en su página web, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU considera que la esterilización no consentida o forzada, en cualquier caso, no es compatible con el respeto a los derechos humanos.
