Reportaje

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La información no financiera, un paso más hacia la transparencia

07/03/2018 Con un año de retraso, el pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros aprobaba el Real Decreto-Ley en materia de divulgación de información no financiera que obliga a las grandes empresas y grupos empresariales a informar sobre aspectos sociales, diversidad, medioambientales, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción dentro del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales. Dos semanas más tarde, este Real Decreto-Ley era convalidado por el Congreso de los Diputados con los votos a favor del PP, Ciudadanos, PNV y PDeCAT, y la abstención del PSOE, Unidos Podemos y ERC. De esta forma se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva europea sobre la divulgación de información no financiera y sobre diversidad. Se trata de una de las noticias más importantes de 2017 en materia de Responsabilidad Social Corporativa y que tanto empresas, organizaciones y sociedad civil valoran como un paso positivo en aras de una mayor transparencia.

El Real Decreto-Ley que transpone la Directiva sobre divulgación de información no financiera y sobre diversidad modifica el Código de Comercio y el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas. El objetivo es aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales individuales y consolidadas en grandes empresas en lo relativo a cuestiones sociales, medioambientales, recursos humanos, respeto a los derechos humanos y lucha contra la corrupción.

La información hará referencia a las medidas adoptadas para promover la igualdad de género, condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales. En lo que atañe a cuestiones medioambientales, las empresas tendrán que aportar información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de sus actividades en el medio ambiente, salud y seguridad, uso de la energía, emisiones de gases de efecto invernadero, consumo del agua y contaminación atmosférica.

En materia de derechos humanos, el estado de información no financiera debería incluir información sobre los impactos potenciales y reales de la actividad de la empresa al respecto, así como las disposiciones aplicadas para impedir los abusos y medidas para mitigarlos, gestionarlos y repararlos. En relación con la lucha contra la corrupción y el soborno, las empresas deberán incluir información sobre los procedimientos y recursos de control interno dedicados a prevenir estas conductas.

Estos cambios normativos afectan a empresas grandes con consideración de entidad de interés público cuyo número medio de trabajadores durante el ejercicio sea superior a 500 y que durante dos ejercicios consecutivos reúnan al menos dos de las siguientes circunstancias: que el total de las partidas del activo sea superior a 20 millones de euros, que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los 40 millones de euros o que el número medio de trabajadores empleados sea superior a 250.

Para las sociedades anónimas cotizadas se exige además que incluyan, dentro del informe anual de gobierno corporativo, las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista aplicados en la elección de su consejo de administración, en concreto, las relativas a edad, género, discapacidad, formación o experiencia profesional.


Valoraciones encontradas

La transposición de la Directiva europea a la legislación española llega un año tarde, pero desde el Gobierno la directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Carmen Casero, justifica los plazos afirmando que “esta medida tiene una capilaridad en la legislación española muy importante, porque no hay que olvidar que las directivas que son de obligado cumplimiento afectan a la vida de los ciudadanos y, por eso, hay que ver cómo se aplican para que no se produzca una disfunción o una quiebra con su vida y la de las empresas. Eso requiere de muchas reuniones, de mucho consenso, de mucho diálogo y, por supuesto, de mucho tiempo”. No obstante, Carmen Casero se muestra satisfecha con el resultado: “Finalmente estamos satisfechos de que no haya sido una quiebra de un modelo, sino que haya existido una transición, un puente lo suficientemente razonable en términos temporales para que las empresas estén en este momento perfectamente adaptadas y preparadas”.

En cambio, los sindicatos tienen una opinión totalmente diferente. En un comunicado, Comisiones Obreras asegura que, con la aprobación de este Real Decreto-Ley, “el contenido social, laboral y medioambiental de la Directiva que afecta directamente a la Responsabilidad Social se ha visto eclipsado por un enfoque economicista. Las medidas no tienen en cuenta la naturaleza multidimensional de la RSE, ni el nivel suficiente de comparabilidad que responda a las necesidades de todos los grupos de interés. El conjunto de valores impulsados por la RSE construiría una sociedad más cohesiva y prepararía la transición a un sistema económico sostenible, con empleos estables y de calidad. La RSE no puede ser una herramienta empresarial de estética, sino de ética”.

En una posición intermedia se muestra el presidente de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE), Francisco Hevia, que asegura que “en el fondo –la transposición de la Directiva europea– es un gran avance, pero se podría haber ido más allá. Y, en la forma, es verdad que es una Directiva europea con lo cual es de obligatoria transposición al ordenamiento jurídico español y España en esto ha ido con los tiempos muy ajustados principalmente porque tuvimos un año de prórroga legislativa en la anterior legislatura que ha provocado que el proceso no haya ido todo lo fluido que nos hubiese gustado a todos para llegar a tiempo”.


Mayor información para los stakeholders

Según el informe “Is your nonfinancial performance revealing the true value of your business to investors?”, elaborado por EY, el 68% de los inversores encuestados afirma que la información no financiera juega un papel relevante en sus decisiones de inversión, pero en cambio el 60% considera que las empresas no informan correctamente sobre los riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo que implica su actividad. Unos datos que confirma el director global de Negocio Responsable de BBVA, Antoni Ballabriga, al asegurar que “en los últimos tres años ha habido una clara inflexión en la petición de información no financiera por parte de los inversores institucionales. Cada vez es más clara la evidencia del impacto financiero de las cuestiones ASG en las empresas”. En el mismo sentido, la directora de Comunicación Corporativa y Relaciones con Pacientes de Grupo Novartis en España, Montserrat Tarrés, explica que “la sociedad demanda empresas comprometidas con una gestión ética, un buen gobierno, unas prácticas sociales y laborales responsables y, por supuesto, que desarrollen su actividad de forma respetuosa con el medio ambiente. En este contexto, la nueva Directiva permitirá que los grupos de interés dispongan de información de valor sobre el impacto de la empresa en ámbitos clave a nivel social y ambiental, entre otros”.

Si bien gran parte de las compañías ya venían aportando información no financiera, a través de los correspondientes informes de RSC o de Sostenibilidad, para el director de Negocio Sostenible y Calidad de Vodafone España, José Manuel Sedes, “la publicación en 2014 de la Directiva europea de información no financiera y su reciente transposición al ordenamiento jurídico español significa un extraordinario salto cualitativo en la trascendencia de la información no financiera, ya que la posiciona en el marco de los informes de gestión y sometida a similares criterios de formulación y aprobación que las cuentas anuales de las compañías”.

En esta línea, Yolanda Erburu, directora ejecutiva de Comunicación, RSC y Fundación de Sanitas, considera que “al contar con estos indicadores, los inversores tienen la capacidad de seleccionar empresas que son más sostenibles en el medio y largo plazo. Por ello, accionistas, clientes, empleados, administraciones públicas… todos precisan contar con datos sobre el rendimiento de las empresas en los aspectos no financieros para evaluar su impacto social y medioambiental”.
Entre los expertos consultados, José Luis Lizcano, director gerente de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), destaca que “las Juntas de Accionistas de las grandes empresas aprobarán y asumirán la responsabilidad de una información que habitualmente se consideraba de carácter voluntario, sin repercusión legal alguna”. De este modo, en palabras del director gerente de AECA, “las nuevas normas no vienen sino a reconocer el valor creciente de la información no financiera en los mercados y para los usuarios de la información corporativa de cara a la toma de decisiones, en el terreno de las inversiones y sobre la gestión y solvencia de las compañías”.

Por su parte, el presidente de Villafañe & Asociados, Justo Villafañe, valora positivamente la transposición de la Directiva europea al ordenamiento jurídico español al afirmar que, después de que la crisis pusiera en entredicho la reputación de muchas empresas, “esta Directiva da otra oportunidad a las organizaciones para que realicen un ejercicio de comunicación clara y de interés con los stakeholders y se fomente la transparencia con los mismos”.

No obstante, el director general de Oxfam Intermón, José María Vera, se pregunta “cómo de exigente, transparente y comprobable será la información que se dé. Si acaba tan lavada y discrecional como otras, pues servirá para que algunas consultorías más tengan algunos contratos de grandes empresas. El impacto efectivo en rendición de cuentas a la sociedad será menor”, advierte. Por su parte, Joan FonEmpresatrodona, profesor de Ética Empresarial del IESE, considera que “como información relevante para decisiones de inversión, todavía queda mucho por hacer. Por eso cualquier medida que incentive ese cambio de conducta es bienvenida”

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