Reportaje

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Endesa evalúa su Política de Derechos Humanos

25/01/2018 Comprometida con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Endesa lleva muchos años trabajando para garantizar el respeto de los derechos fundamentales en toda su actividad empresarial. El último hito de la compañía en este ámbito es la finalización, en 2017, de un proceso de debida diligencia para garantizar el respeto de estos derechos en todas las actividades de la compañía, identificando fortalezas y oportunidades de mejora. El año 2018 supondrá la elaboración y puesta en marcha de un plan de acción.

El 5 de febrero de 2013, Enel adoptó el enfoque establecido por las Naciones Unidas en el marco de “proteger, respetar y remediar” a través de la aprobación, por parte del Consejo de Administración, de una política dedicada al respeto de los Derechos Humanos, que fortalece y extiende el compromiso ya establecido en el Código Ético, el Plan de Tolerancia Cero con la Corrupción y el Programa de Cumplimiento 231. Por su parte, Endesa acoge los principios y compromisos desarrollados en la Política de Derechos Humanos del Grupo Enel y, cuatro meses más tarde, su Consejo de Administración aprobaba la misma política.

El contenido de esta política está inspirado en los “Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos” de Naciones Unidas y surge fruto de un proceso de consultas multistakeholder a importantes expertos a nivel internacional y en el que participaron diferentes áreas de la compañía. La política identifica ocho principios que los empleados y las filiales deben cumplir dentro de dos grandes ámbitos: prácticas laborales y comunidades y sociedades. Además, dentro de este compromiso formal, Endesa promueve el respeto de estos derechos entre sus contratistas, proveedores y socios comerciales.


Proceso de debida diligencia

De acuerdo con lo establecido en los “Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos”, en 2017 Endesa ha culminado el proceso de debida diligencia que tiene como objetivo garantizar el respeto de los DDHH en todas las actividades de la compañía. Tal y como explica el responsable de planificación en sostenibilidad y gestión de grupos de interés de Endesa, Javier Bolaños, en una primera fase se analizó el nivel de riesgo del país a partir de un proceso de consultas a expertos de diferentes ámbitos e instituciones. En este ejercicio “no se ha identificado ningún riesgo muy alto, el único riesgo identificado a nivel alto es el que tiene que ver con la corrupción, por la percepción que existe en España y Portugal. A nivel intermedio surgen los aspectos relacionados con la diversidad de género, las relaciones con las comunidades y el medio ambiente. Y entre los riesgos bajos aparecen la libertad de asociación y negociación colectiva, el trabajo infantil y el trabajo forzoso”.

Posteriormente el proceso de debida diligencia ha analizado la situación particular en Endesa. “La lectura inicial de este proceso es que estamos operando en un país en el cual los riesgos son reducidos, pero aun así tenemos una serie de mecanismos y sistemas de gestión muy robustos que permiten garantizar el respeto de los derechos humanos y gestionar adecuadamente los riesgos existentes”. Entre estos sistemas de gestión, Javier Bolaños destaca el convenio colectivo acordado, los sistemas de gestión de seguridad y salud laboral, la política de diversidad, los sistemas de gestión ambiental de la compañía o la política de creación de valor compartido, entre otros.

“Me parece muy relevante el haber finalizado el proceso de debida diligencia porque es un tema bastante desconocido a nivel nacional y que muy pocas empresas están implementando de forma concreta. Es decir, son una minoría las compañías que realizan un proceso integral para radiografiar toda la cadena de valor e identificar qué medidas tienen que adoptar para asegurar, de forma sistemática, el cumplimiento de los derechos humanos”, concluye el director de RSC de Endesa, Ángel Fraile.


2018, el momento de la acción

Una vez identificadas una serie de oportunidades de mejora, a lo largo de 2018 la compañía se ha propuesto elaborar un plan de acción que permita continuar fortaleciendo y reforzando su compromiso en el ámbito de los derechos humanos. Tal y como explica el responsable de planificación en sostenibilidad y gestión de grupos de interés de Endesa, “los principales focos de actuación se centrarán en la sensibilización de nuestros empleados y nuestro entorno a través de diferentes actividades de promoción y formación que vamos a seguir haciendo; la revisión de nuestros procedimientos formales y de organización internos para asegurarnos que efectivamente el respeto a los DDHH está integrado en toda la cadena de valor; la difusión de los mecanismos que ponemos a disposición de nuestros grupos de interés para que realicen potenciales denuncias o quejas en esta materia; y, por último, elaboraremos un informe específico en esta materia que publicaremos a lo largo del próximo semestre en nuestra web y estará disponible para todos nuestros grupos de interés”.

En este sentido, el director de RSC de Endesa añade que “los derechos fundamentales siempre han sido un tema muy relevante para la compañía y, por este motivo, estamos muy implicados en todas las iniciativas locales que se han ido desarrollando. Nos implicamos en todos los trabajos de elaboración del Plan Nacional de Empresa y Derechos Humanos y, desde el Pacto Mundial, seguimos trabajando para difundir este tema a nivel local en España”.


La cadena de suministro, un caso particular

Una de las áreas que, como utility, se identifican de mayor riesgo en el ámbito de los derechos humanos es la compra de combustible y, concretamente del carbón. Por este motivo, hace seis años surgió a nivel europeo la iniciativa Bettercoal, liderada por el Grupo Enel y que cuenta con la participación de Endesa. “Esta iniciativa propugna una mejora progresiva de la gestión de los temas de sostenibilidad entre los cuales se incluyen los derechos humanos en las instalaciones mineras”, explica el director de RSC de Endesa, Ángel Fraile.

En una iniciativa multistakeholder, Bettercoal realizó un proceso de consulta externo a todos los grupos de interés en los principales países productores de carbón y definió un código de diez principios que debe aplicar toda empresa minera en la explotación de su negocio. “El objetivo de esta iniciativa es invitar a las empresas mineras que participen en ella a realizar un cuestionario de evaluación y una auditoría para analizar los diferentes aspectos de sostenibilidad con un foco claro en el respeto a los derechos humanos. A partir de ahí se establece un informe y un plan de mejora del que se hace un seguimiento”.

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