La necesaria asunción de la transparencia

Jesús Lizcano Álvarez,

presidente de Transparencia Internacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid

Aunque en España se ha avanzado en transparencia pública en los últimos años, entre otras cosas por la publicación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, queda todavía un largo camino de mejora en este terreno.

En primer lugar, se necesita con urgencia que se publique de una vez el Reglamento que desarrolle esta Ley, y que aclare y pormenorice muchas cosas que en el texto legal han quedado sin detallar, existiendo actualmente diversas zonas de sombra legales que originan una incertidumbre y una alta discrecionalidad en las actuaciones de los empleados públicos que han de ejecutar las actuaciones y obligaciones previstas en dicho texto legal.

Por otra parte, es evidente que una parte importante del éxito y utilidad social de esta importante Ley dependerá del nivel de eficacia que se alcance en su efectiva implantación social y asunción por la ciudadanía. Es por ello que para impulsar el eficaz desarrollo de esta norma se hacen necesarias una serie de actuaciones por parte de los responsables públicos. Resulta necesario, en primer término, ampliar la divulgación de los distintos contenidos que recoge el texto legal, tanto a nivel institucional, como a través de los medios de comunicación, redes sociales, así como en los distintos centros de enseñanza, con el fin de que el conjunto de los ciudadanos pueda conocer e incluso asumir y tener presente la trascendencia de esta Ley para ejercer su derecho a saber, así como una mayor participación en la vida pública.

Cabe recordar, en este contexto, que los ciudadanos siguen sin conocer mínimamente el sector público español, por lo que es necesario analizar y divulgar el conjunto de nuestro sector público, y la estructura detallada de las más de 20.000 instituciones públicas españolas, dando a conocer el número y la amplia tipología existente tanto en las instituciones y empresas de carácter estatal, como las de carácter autonómico, y en las muy numerosas y diversas instituciones locales, tales como diputaciones, ayuntamientos, consorcios, mancomunidades, sociedades municipales, etc.

En el terreno de la transparencia activa, creemos necesario analizar con detalle los distintos datos e informaciones que, según la Ley, han de publicar obligatoriamente las diferentes entidades afectadas. Es decir, las propias instituciones públicas, así como las entidades privadas que reciban subvenciones superiores a los 100.000 euros (o que al menos el 40% de sus ingresos totales sean ayudas públicas).

Por otra parte, sería conveniente analizar y estructurar la variada información que éstos pueden solicitar a las diversas instituciones, elaborándose publicaciones específicas sobre los muy distintos tipos de datos o informaciones que los ciudadanos pueden solicitar, y también los posibles pasos o vías a seguir para ejercer este derecho, y todo ello de una forma clara y didáctica para facilitar el conocimiento de estas posibilidades informativas que otorga la Ley.

Se hace necesaria, en resumen, una amplia acción pública y privada que impulse y haga posible una implementación eficaz de la vigente Ley de Transparencia, y acorde con el adecuado desarrollo del derecho a saber y, en definitiva, de la participación democrática de los ciudadanos en la vida pública española.