OPINIÓN

Los consumidores y la RSE: la necesidad de información

María Rodríguez,

presidenta del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa y presidenta de honor de CECU

María Rodríguez

El derecho a la información es uno de los derechos básicos de los consumidores. Como tal, queda recogido en la legislación española y en las directrices para empresas multinacionales de la OCDE y en las directrices de Naciones Unidas sobre protección al consumidor.

La falta de información supone un problema importante para el ejercicio del consumo responsable, ya que si no tenemos información difícilmente podremos ejercer la labor de agente económico en el mercado y discriminar de forma positiva a las empresas que cumplan con los diferentes atributos RSE (derechos sindicales, de protección al consumidor, derechos humanos, protección medioambiental, cooperación con los territorios en los que se están realizando las actividades empresariales, etc.). El surgimiento de asimetrías como consecuencia de la falta de información reduce el poder de los consumidores en el mercado.

Las encuestas realizadas por la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) de los años 2004, 2006 y 2008 indican que hay un segmento mayoritario de consumidores (70%) que dice no recibir nunca información sobre la RSE de las empresas. Hay otros datos que nos interesa resaltar: un 60% de los consumidores españoles está sensibilizado sobre el consumo responsable, pero ese interés no le lleva a buscar activamente información. Sólo un 11% no tiene interés en recibir esa información.

“Para un consumidor sería imposible leer todos los informes de los productores de las marcas que encuentra en un punto de venta, entender todos los indicadores reportados y recordar esta información cuando elige una marca en el lineal” (C. Valor y G. Calvo, 2009). Esta afirmación podemos hacerla extensiva a la contratación de servicios. Por lo tanto, la necesidad de disponer de una etiqueta en la que consten los requisitos del producto o servicio –relacionados con RSE– es absolutamente fundamental. Esta permite transformar los atributos de credibilidad en atributos de búsqueda (Drichoutis et al, 2006, citado por C. Valor y G. Calvo, 2009) eliminando así las asimetrías de información. Ahora bien, la etiqueta para que sea efectiva tiene que ser creíble y debe cumplir ciertas condiciones. La más importante es la necesidad de un sistema de verificación público, ya que las conversaciones sobre la Guía de Buenas Prácticas, ISO 26000 (que terminará su recorrido en el primer cuatrimestre del 2010) no será una norma certificable para las empresas que, voluntariamente, quieran acogerse a este código.

Los trabajos que actualmente se están desarrollando en el marco del Consejo Estatal de RSE deberían converger hacia un distintivo público (otorgado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración) que permitiera una verificación con garantías para los consumidores y que pudiera ser auditado de forma independiente para que los ciudadanos lo podamos percibir como creíble. Se debería establecer un sistema de penalización en el supuesto de incumplimiento y, al mismo tiempo, las empresas deberían incorporarlo en sus productos o servicios, de tal forma que a la hora de efectuar la compra los consumidores pudiéramos identificar de forma clara las empresas que cumplen con los atributos RSE y las que no. Sobre la base de la información, tendríamos la capacidad REAL de influir en el mercado. Ése es el RETO.

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