OPINIÓN

¿Cómo hacer un plan nacional de empresa y derechos humanos? La receta europea traspasa las fronteras

María Prandi,

Investigadora del Instituto de Innovación Social de Esade

María Prandi

La Comunicación de la UE de octubre pasado invitaba a los Estados miembro a desarrollar, antes de finales de 2012, un plan nacional para implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresa y derechos humanos (en adelante, Principios). Ahora, el Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos acaba de publicar una primera propuesta con recomendaciones a los Gobiernos para conseguir este objetivo.

Lo que este documento establece, en primer lugar, es que el plan relativo a los Principios debe tener entidad propia y estar desligado de un posible plan paralelo sobre políticas de RSE. Para empezar, los Estados deberían identificar qué elementos y medidas existen ya en la actualidad que implementen los tres pilares "Proteger, Respetar y Remediar". Este ejercicio debería identificar, para cada uno de los Principios, las medidas a nivel nacional que los impulsan así como las deficiencias que presentan. A partir de esta información, se establecerían las medidas a priorizar.

Se recomienda también a los Gobiernos el tener en cuenta, en particular, cuestiones de género así como de discriminación hacia grupos en situación de vulnerabilidad sin olvidar la necesidad de que el proceso sea altamente participativo. En este sentido, y con el objetivo de alcanzar una máxima coherencia, se recomienda también que una sola agencia gubernamental, con recursos y capacidades suficientes, sea la responsable de promover e implementar los Principios así como de coordinar el plan tanto a nivel interno como externo.

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la necesidad de un monitoreo periódico, de informes de progreso y de establecer objetivos realistas e indicadores de cumplimiento tanto para el Gobierno como para las empresas. Se insta, igualmente, a los Gobiernos a desarrollar el plan de manera transparente impulsando procesos de consulta entre los diferentes stakeholders.

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes es que este plan de acción debería tener en cuenta los impactos de las empresas españolas tanto fuera como dentro de la jurisdicción nacional. En la práctica, esto significa que el plan debería poner en marcha los mecanismos necesarios para que los afectados por violaciones de derechos humanos, tanto dentro como fuera de España, tuvieran mecanismos tanto judiciales, como no judiciales, para elevar sus quejas.