El portavoz de Empleo de CiU, Carles Campuzano, ha explicado que con esta iniciativa se pretende dar un marco más sólido, más robusto y que sirva para poner el acento en el empleo para estas personas, en un momento en que el sector de la discapacidad padece problemas graves.
El diputado de CiU ha explicado que esta iniciativa viene inspirada por las prácticas que se desarrollan desde hace tiempo en el Ayuntamiento de Barcelona y en la Generalitat de Catalunya. “Una propuesta que parte de realidades existentes y que pretendemos trasladar al marco legislativo estatal para reforzar estas prácticas”, ha dicho Campuzano.
Las claves de la proposición de ley
El texto que ayer se sometió a la toma en consideración incorporaba tres conceptos claves. En primer lugar, el cumplimiento de la obligación de reservar el 2% de la plantilla a trabajadores con discapacidad, así como la prohibición de recibir subvenciones públicas para aquellas entidades que no cumplan con esta cuota.
En segundo lugar, la incorporación de criterios de adjudicación de carácter social para beneficiar a la población más desfavorecida para valorar el número o porcentaje de trabajadores con discapacidad o en riesgo de exclusión social que ejecutarán el contrato, la subcontratación con Centros Especiales de Empleo y Empresas de Inserción.
Finalmente el texto contemplaba la reserva del 7% del importe total anual destinado a la contratación pública a conciertos con Centros Especiales de Empleo, cuando el 70% de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción laboral, y a empresas de inserción cuando al menos el 30% de los trabajadores sean personas en situación o riesgo de exclusión social.
Carles Campuzano ha pedido al PP que reflexione su voto en contra recordándoles que ésta es una cuestión que ellos mismos han defendido cuando estaban en la oposición. “La sociedad civil se ha pronunciado públicamente en favor de esta iniciativa, a esa demanda debería dársele respuesta” ha dicho el portavoz de CiU en materia de empleo quien además le ha recordado al grupo popular que es inevitable avanzar en esta dirección porque así lo establece Europa.
La incomprensión del Tercer Sector
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) considera "incomprensible e injustificable" la negativa del Grupo Parlamentario Popular. Con la oposición popular "se frustra una iniciativa legislativa oportuna y necesaria, que promueve objetivos sociales como el empleo, la inclusión y la accesibilidad, y que fue apoyada por el resto del arco parlamentario y tenía el respaldo firme de las entidades más representativas de la sociedad civil organizada", indica el Cermi en una nota recogida por Servimedia.
El Cermi "deplora" la negativa del grupo parlamentario que sostiene al Gobierno, que "mantuvo en solitario una posición contraria a la generalización y obligatoriedad de las cláusulas sociales, con argumentos inconsistentes y peregrinos, propios de una tecnocracia anquilosada y lejanos de las visiones más progresivas de lo que debe ser una Administración pública realmente al servicio de la ciudadanía".
"Con la frustración de esta iniciativa legislativa, se niegan salidas a la sociedad civil emprendedora, que trabaja en la esfera de los grupos sociales situados en posiciones de mayor vulnerabilidad", añade la nota, por lo que el Cermi reclama al Partido Popular que "reconsidere su negativa a las cláusulas sociales, que son una herramienta útil a favor de la inclusión y contra los efectos de la pobreza".
